Miami.- El expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien es requerido por la justicia de su país para enfrentar acusaciones de corrupción y espionaje, notificó formalmente a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que ya no se opondrá a su extradición y aceptará ser repatriado.
Martinelli lo hizo a través de un documento que su abogado John Byrne presentó el jueves en la noche ante la Corte de Apelaciones de Atlanta, algo que su portavoz ya había adelantado que haría.
La moción está sellada y no es de acceso público. Aparece en el expediente del caso en línea bajo el título “moción para desechar voluntariamente la apelación presentada por Ricardo Alberto Martinelli Berrocal”.
Los abogados de Martinelli en Estados Unidos, John Byrne y Marcos Jiménez, no respondieron a los mensajes de correo electrónico enviados por The Associated Press en busca de comentarios.
La Corte de Apelaciones de Atlanta aún deberá informar sobre su decisión.
Martinelli, un acaudalado empresario de 66 años, fue detenido hace casi un año en su casa de la vecina ciudad de Coral Gables y desde entonces permanece en una prisión federal del centro de Miami. A lo largo de este tiempo ha librado una batalla judicial en la justicia estadounidense para evitar su extradición. Con anterioridad había pedido asilo político en Estados Unidos.
En Panamá enfrenta acusaciones de corrupción y espionaje a adversarios políticos durante su mandato, entre 2009 y 2014.
Las autoridades de su país solicitaron su arresto después que el expresidente optó por no presentarse en diciembre de 2015 a una audiencia judicial para enfrentar acusaciones sobre la presunta creación de un sistema ilegal de interceptaciones telefónicas y de otras conversaciones.
El pedido de extradición está fundamentado en cuatro acusaciones de que, con la ayuda de otras tres personas, mientras era presidente Martinelli compró dos sets de equipos especiales a dos compañías israelíes por más de 21 millones de dólares para crear un presunto sistema ilegal de interceptaciones de conversaciones de más de un centenar de personas, entre ellas opositores políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas críticos de su administración.
Los sistemas podían acceder a información de teléfonos celulares, incluyendo llamadas, calendarios, mensajes de texto y correo electrónico, la cámara y el micrófono. De acuerdo con la fiscalía, violaban la privacidad de panameños y no panameños al recoger información sin ningún tipo de procedimiento ni permiso legal y por razones que no estaban relacionadas con la seguridad.
El portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, y su abogado panameño, Sydney Sittón, habían adelantado que el exgobernante iba a renunciar a apelar las decisiones judiciales en su contra. Los dos confirmaron el contenido de una breve carta manuscrita que Martinelli escribió desde la cárcel anunciando su decisión.
