Washington.– El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra empresas, casinos y operadores presuntamente ligados al Cártel del Noreste, en un intento por debilitar su estructura financiera y operativa.
La administración encabezada por Donald Trump anunció medidas contra altos mandos y compañías fachada vinculadas a este grupo, catalogado como organización terrorista extranjera por autoridades estadounidenses.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que las acciones buscan frenar el tráfico de drogas sintéticas y desarticular redes criminales que operan en el hemisferio.
Entre los negocios señalados figura el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, el cual habría sido utilizado para almacenar drogas y lavar recursos ilícitos mediante actividades de juego.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, este establecimiento es operado por Comercializadora y Arrendadora de México, empresa que presuntamente facilitaba operaciones financieras del grupo criminal en territorio fronterizo.
Otro punto identificado es el Diamante Casino, situado en Tampico, que también forma parte de la red de negocios investigados por su posible relación con el cártel.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros incluyó en la lista negra a Eduardo Javier Islas Valdez, señalado como operador encargado del cruce ilegal de migrantes hacia Texas.
Asimismo, fue sancionado el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, a quien se le atribuyen vínculos más allá de la defensa legal con integrantes del grupo delictivo.
Las autoridades también identificaron a Jesús Reymundo Ramos Vázquez como colaborador cercano, acusado de encubrir actividades criminales bajo el discurso de derechos humanos.
El Departamento del Tesoro afirmó que estas personas habrían promovido acciones para proteger la imagen del cártel, incluyendo denuncias contra fuerzas de seguridad y movilización de manifestantes pagados.
Las sanciones implican el congelamiento de activos y propiedades bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.
Con estas medidas, Washington refuerza su estrategia de presión contra organizaciones criminales transnacionales, enfocándose en sus estructuras financieras para limitar su capacidad de operación y expansión.
