Ciudad de México.- Por la imposición de aranceles del 10 y 25 por ciento a las importaciones de aluminio y acero, respectivamente, el Gobierno de México presentó hoy ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una denuncia contra Estados Unidos
En su denuncia publicada en la base de datos de la OMC, México pide celebrar consultas con Estados Unidos bajo el sistema de resolución de disputas de la organización por los aranceles adicionales al acero y aluminio mexicanos, ordenados por Donald Trump.
En el documento entregado a la OMC, se afirma que la medida estadounidense, bajo el argumento de la seguridad nacional, contempla la posibilidad de ser “modificada en la forma de derechos aduaneros adicionales o contingentes”.
Claramente, el establecimiento de un impuesto adicional a la importación busca proteger a la industria estadounidense de los efectos económicos de las importaciones”, indica el texto.
El Estado mexicano considera, además, que los aranceles estadounidenses son discriminatorios, ya que “no se aplican de manera uniforme” a todos los países.
Recuerda que, en el caso del acero, Argentina, Australia, Brasil y Corea del Sur están eximidas y en el del aluminio las excepciones son Argentina y Australia.
Las medidas en litigio, de manera separada o conjuntamente, parecen ser incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos”, ya que “constituyen, de hecho y en esencia, medidas de salvaguardia, que violan” varios artículos del Acuerdo de Salvaguardia de la OMC, señala México.
Entre otros argumentos, México alega que Estados Unidos aplica sus medidas a productos de países en desarrollo cuya parte dentro de las importaciones no excede del 3 por ciento.
Sostiene, además que las nuevas tasas violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 de la OMC porque otorgan un trato menos favorable que el previsto en su lista de concesiones remitida a la organización y los derechos de aduana exceden de los fijados en los compromisos de EU.
México opina que el argumento de la seguridad nacional esgrimido por EEUU “no puede justificarse” conforme al GATT, pues, “entre otras cosas, obliga a Estados Unidos a tener en cuenta el bienestar económico, así como otros factores que no son necesarios para protección de sus intereses esenciales de seguridad”.
