Ciudad de México.- Unos 6.000 camiones de carga pesada de comercio internacional centroamericano se encuentran varados en Nicaragua, producto de más de 70 bloqueos levantados en diferentes partes del país como parte de las protestas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega que comenzaron hace casi dos meses.
El presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, Raúl Alfaro, dio a conocer las cifras el sábado e hizo un llamamiento a los manifestantes para que permitan salir a esos camiones a la vez que pidió a los países de la región para que no envíen más cargamentos por carretera y busquen vías de transporte alternativas. Los transportistas, recordó, “no tenemos nada que ver” con el “problema nicaragüense”.
Los bloqueos vehiculares se encuentran en zonas clave de entrada y salida de productos que conectan la capital con el Caribe, el Norte y el Sur del país y son parte de las manifestaciones iniciadas el 18 de abril, unas protestas que comenzaron siendo marchas de estudiantes en rechazo a una reforma a la seguridad social pero, debido a la fuerte represión oficial que sufrieron, acabaron convertidas en multitudinarias manifestaciones de muchos sectores de la sociedad civil, la iniciativa privada y la iglesia contra el gobierno de Ortega.
La crisis política que vive el país, que ya ha causado más de un centenar de muertos, podría generar serios problemas económicos a corto y mediano plazo, advirtió un análisis realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), uno de los institutos de investigaciones más respetados del país.
De acuerdo con FUNIDES, si el problema se mantiene hasta finales de julio, la economía dejaría de percibir 404 millones de dólares, lo cual impactaría en el crecimiento del Producto Interno Bruto en 3,2%. En ese caso se registraría un crecimiento anual de 1,7%, comparado con 4,9% en 2017.
Con este escenario podrían perderse 20.000 empleos, agrega el informe. Los sectores más afectados serían el turismo, la construcción y el comercio.
El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, ya indicó el 21 de mayo que, hasta ese momento, las pérdidas en turismo, comercio y otros servicios sumaban 258,9 millones de dólares y estimó que habría una contracción de la economía del 17%.
Pero las protestas persisten. El último informe del organismo no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos actualizó en más de 135 el número de muertos debido a las manifestaciones y la represión gubernamental. Además cifra en más de un millar los heridos y en más de 500 los detenidos.
Los ataques de paramilitares y policías se han producido particularmente por las noches.
Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, 142 kilómetros al norte de Managua, denunció en un comunicado la represión que grupos paramilitares afines al gobierno de Ortega y fuerzas antimotines realizaron el viernes por la noche y en la que murieron un adolescente y otra persona.
“Decidí llamar al jefe de la Policía, al alcalde de la ciudad, para pedirles el cese de la violencia, que mostraran voluntad de auténtica paz y ambos negaron tener que ver con los hechos”, indica la nota. “No tuve más alternativa que salir a la calle personalmente a socorrer a heridos y entregar el cuerpo del joven que tristemente falleció producto de estos enfrentamientos”.
La iglesia católica es mediadora entre el gobierno y la sociedad civil y aunque las mesas de diálogo se mantienen bloqueadas, la Conferencia Episcopal se reunió con Ortega el jueves y le presentó un documento con una hoja de ruta para salir de la crisis que contemplaba la celebración de elecciones. Ortega pidió un tiempo para reflexionar sobre esa solicitud.
