Ciudad de México.- El impacto económico para México por las recientes medidas arancelarias de Estados Unidos puede ser reducido, aunque todavía es temprano para calcularlo, dijo hoy el director de Investigación Económica del central Banco de México (Banxico), Daniel Chiquiar.
Al presentar un reporte sobre las economías regionales del primer trimestre, Chiquiar dijo que como un primer paso se deben identificar las afectaciones a los patrones de comercio entre México y Estados Unidos.
“Habría, primero, que evaluar el impacto antes de decir en qué dirección y de qué magnitud va a ser, pero presumiblemente el impacto va a ser reducido en dado caso”, dijo el directivo de Banxico en rueda de prensa.
La administración del presidente Donald Trump anunció el pasado 31 de mayo un arancel del 25 por ciento a las importaciones de acero y del 10 por ciento a las de aluminio procedentes de Canadá, México y la Unión Europea (UE), a partir del pasado 1 de junio.
Como represalia, Canadá, México y la UE anunciaron también medidas arancelarias equivalentes en contra de Estados Unidos, en varios sectores comerciales.
Chiquiar dijo, de manera preliminar, que parte del costo del aumento arancelario de Estados Unidos lo tendría que pagar el consumidor de ese país, y no el mexicano.
“Al contrario, el consumidor mexicano podría ver alguna baja en los precios de algunos productos como resultado de esta situación comercial”, dijo Chiquiar.
“Todavía es muy pronto para saber cuál va a ser el impacto”, agregó.
México inició la semana pasada un proceso de solución de controversias en la Organización Mundial de Comercio, como respuesta a los aranceles que Estados Unidos aplicó a sus importaciones mexicanas de acero y aluminio.
El anuncio tarifario también ocurrió mientras Canadá, Estados Unidos y México intentan modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 y cuya actualización se encuentra en pausa por diferencias en los temas más sensibles del pacto.
El gobierno del presidente Trump utiliza la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 para imponer aranceles a los productos de acero y aluminio importados, con el argumento de la seguridad nacional.
Las medidas han generado una fuerte oposición en la comunidad empresarial nacional y en los socios comerciales de Estados Unidos.
