Panamá.- El expresidente panameño Ricardo Martinelli, extraditado hace dos semanas por Estados Unidos, se sentó el lunes en el banquillo de los acusados en un juicio por espionaje político que comenzó analizando su reciente renuncia al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La audiencia en la Corte Suprema de Justicia inició con un atraso de 10 horas debido a que el exgobernante se negaba a comparecer y posteriormente fue atendido por médicos de urgencias en la cárcel. La sesión se mantenía en receso casi entrada la media noche del lunes debido a que los magistrados analizaban los documentos que presentó la defensa de Martinelli sobre la renuncia al organismo centroamericano.
Los abogados de Martinelli argumentan que al dejar de integrar el Parlacen su defendido debe enfrentar sus cargos ante la justicia ordinaria. Debido a que formaba parte de dicho organismo, Martinelli es juzgado por un magistrado que funge como juez de garantías y la parte de la fiscalía la ejerce también un magistrado que funge magistrado fiscal, en lugar del Ministerio Público.
La renuncia de Martinelli al Parlacen se conoció a fines de la semana pasada, pero los querellantes argumentan que aún no es oficial.
Al comenzar el juicio, el juez de garantía Jerónimo Mejía dijo que tuvo conocimiento de que el exgobernante se negaba a asistir a la audiencia, a comer y a recibir la atención médica del penal. El abogado de Martinelli, Carlos Carrillo, dijo en la audiencia que el expresidente fue atendido en la cárcel durante la tarde por médicos que determinaron que tenía taquicardia y condiciones coronarias precarias.
Ante ello, el magistrado pidió la opinión del médico del penal quien dijo que el expresidente no tenía una condición aguda y que los males no eran nuevos. “No hay nada que comprometa la vida”, dijo el doctor Feliciano Maure.
Martinelli, que presidió el país centroamericano entre 2009 y 2014, salió de Panamá a fines de 2015 después de que la Corte Suprema de Justicia allanó el camino para una pesquisa por corrupción.
Fue detenido en Miami en junio de 2017 en base a una solicitud de extradición de las autoridades panameñas para que enfrentara acusaciones por intervenir supuestamente las comunicaciones de unas 150 personas. La corte lo declaró en rebeldía al no presentarse a enfrentar los cargos por espionaje político.
De acuerdo con las acusaciones que fundamentaron la extradición, Martinelli compró durante su presidencia equipos especiales a dos compañías israelíes para crear un presunto sistema ilegal que interceptaba conversaciones de opositores políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas críticos con su administración.
El exmandatario, que había solicitado asilo político en Estados Unidos antes de su detención, niega los cargos.
Martinelli, un acaudalado empresario de 66 años, enfrenta otras investigaciones por presunta corrupción que están estancadas. Él insiste en que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política del actual gobierno del presidente Juan Carlos Varela, quien lo niega.
