Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenaron hoy “enérgicamente” los episodios de violencia que el fin de semana dejaron dos decenas más de muertos en Nicaragua, así como los ataques a los obispos católicos el lunes.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) defendió que el presidente Daniel Ortega y otros altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua deben responder por los “abusos graves y extendidos” que se están comentiendo en el país en el marco de la actual crisis. “Mientras el presidente Ortega repite el mantra de que su Gobierno está trabajando por la paz en Nicaragua, los policías bajo su supervisión siguen matando manifestantes”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización defensora de los derechos humanos. “Las autoridades de Nicaragua no están tomando medidas para evitar que continúen las violaciones a los derechos fundamentales y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos”, añadió.
En un comunicado conjunto, la CIDH y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU rechazaron “enfáticamente” las agresiones a varios miembros de la Iglesia católica, entre ellos el nuncio apostólico, el cardenal y el obispo auxiliar de Managua, ocurridas el lunes en Diriamba, al sur de Managua. Alertaron además de una “campaña de estigmatización” contra los integrantes de la Iglesia católica por su trabajo de protección a los manifestantes y por “su fundamental rol” en la mediación en el diálogo nacional.
“Exhortamos al Estado a que se abstenga de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a actores que defienden los derechos humanos y otros que integran el proceso de Diálogo Nacional. Esta estigmatización puede incentivar la violencia en contra de las personas en razón de sus opiniones”, indicaron.
Los dos organismos recordaron al Gobierno de Daniel Ortega que el Estado es el responsable de garantizar la seguridad, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos humanos de toda la población.
