Ciudad de México.- Es inminente la declaración constitucional de la eliminación del llamado pase automático de la PGR a la Fiscalía General de la República, pues el Senado ya tiene 16 de las 17 notificaciones oficiales de congresos estatales que la aprobaron, aunque ya otros dos la avalaron, pero todavía no llega a notificación oficial a la mesa directiva del Senado.
“Ya se tienen 16 dictámenes de votos de congresos locales para que se esté en condiciones de hacer la declaratoria, en términos del 135 constitucional, de la reforma al transitorio de la Constitución que eliminaría el pase automático del procurador general de la República a ser el fiscal”, anunció ayer Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Los estados que ya reportaron al Senado su aprobación de esta reforma constitucional son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
La senadora De la Peña precisó que ya hay otros dos congresos estatales que aprobaron la reforma, pero todavía no la notifican, y el tema está en agenda de otros dos más, por lo que es previsible que el próximo miércoles, la declaratoria constitucional se realice con al menos 20 votos de los congresos estatales.
Para que una reforma constitucional sea realidad es necesario que se apruebe con el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes de los plenos del Senado y la Cámara de Diputados, así como de la mayoría de congresos estatales; es decir, al menos 17 tienen que emitir su aval al cambio constitucional.
Esta reforma constitucional ha sido de las más tardadas en aprobarse en este sexenio, el cual ha generado cambios constitucionales constantes que han impuesto récord de rapidez, como la Energética, que recorrió el Congreso Constituyente en sólo 57 horas con 25 minutos.
La reforma para eliminar el llamado pase automático salió del Congreso de la Unión en diciembre de 2017, por lo que esta semana cumplió ocho meses en análisis de los congresos estatales, en un ritmo de aprobación similar al que registró en 2012 la reforma constitucional para respetar la libertad religiosa de todos los ciudadanos, la cual tardó ocho meses en conseguir los 17 votos necesarios para ser constitucional.
El retraso en la aprobación de esta reforma constitucional, que se refiere sólo a un párrafo del régimen transitorio de la reforma constitucional de 2014 en materia político electoral, provocó que los actuales senadores y diputados federales ya no puedan procesar el resto del diseño constitucional y legal para dar forma a la Fiscalía General de la República.
La tarea quedará para los nuevos senadores y, según su próximo líder, Ricardo Monreal, será un tema que se analizará a profundidad, porque “eso es lo que la gente pide”, según adelantó a Pascal Beltrán del Río hace unas semanas.
