Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Uno de los principales avances que se tuvo en la recta final de la actual legislatura federal, fue la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción sin pasar por alto el fracaso que se tuvo para contar un Fiscal Anticorrupción, admitió Miguel González Salum.
El legislador saliente de la 63 legislatura, confió en que los acuerdos tomados entre el Presidente Electo y el Presidente Enrique Peña Nieto pueda avanzarse en un tema que está colocado como una de las principales exigencias legales de muchos sectores en el país.
“Se avanzó mucho, en muchos temas, en el paquete anticorrupción se avanzó en la Ley de Responsabilidad Financiera y Hacendaria para los Estados que se denomina Ley de Disciplina Financiera pero uno de los temas importantes y muy demandado por la gente fue el paquete anticorrupción y se avanzó bien en esto último”.
Sin embargo se quedó pendiente la aprobación del Fiscal Anticorrupción, el cual podría salir en el siguiente periodo.
Sin embargo uno de los pendientes que han quedado en proyecto y para su puesta en marcha, fue la Ley de Seguridad Interior, que le permitiría legalmente a las fuerzas armadas, enfrentar al crimen organizado y ahora se conocerá su futuro una vez que los grupos parlamentarios armen su agenda legislativa, porque es un tema que no pudo destrabar la legislatura que termina, lamentó Miguel González Salum.
Cuando los Diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior, solo los legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
El legislador que sale de la 63 legislatura, aseguró que esta Ley se quedó pendiente de aprobación en el Senado, pero de acuerdo a la bitácora legislativa, el 15 de diciembre del 2017 los Senadores aprobaron esta Ley en lo general y particular con 74 votos a favor y 34 en contra y tres abstenciones a las 6:13 de la mañana.
En esa sesión se aprobó la Ley con cambios a la minuta original aprobada por los Diputados Federales por lo tanto, fue devuelta a la misma Cámara quien decidió aprobar la Ley finalmente.
Cabe señalar que actualmente la Ley de Seguridad Interior enfrenta recursos de impugnación y recursos de Inconstitucionalidad presentados por la CNDH.
De acuerdo a lo aprobado por los legisladores se determina la procedencia de la intervención de la Federación en estados o municipios y expedirá dentro de las 72 horas siguientes la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Asimismo, en aquellos casos en que las amenazas representa un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones de gobierno, el presidente bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
Se establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará esta intervención, así como las acciones de seguridad interior a cargo de las Fuerzas Armadas.
Aunque la declaratoria podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó.
