El Gobierno estadunidense llegó a un acuerdo con los defensores de los derechos de los inmigrantes sobre un plan revisado para reunir a cientos de familias separadas por funcionarios fronterizos después de que ingresaron a Estados Unidos desde México.
En una presentación judicial el jueves, abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijeron que los cambios garantizarían un “proceso eficiente” para las reunificaciones, sin la necesidad que los padres expulsados del país regresen.
Pero abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) aseguraron en un documento separado que algunas familias solo podrían ser “reunidas” si los padres regresan al país, y el hecho de no abordar sus derechos es un área de disputa “significativa”.
Sin embargo, afirmaron que esto no debería obstaculizar los “rápidos esfuerzos de reunificación” y se mostraron de acuerdo con el plan revisado, incluidas sus disposiciones para ubicar y entrevistar a los padres expulsados.
El plan es la segunda etapa de los esfuerzos del Gobierno para reunir a 2 mil 551 menores de cinco a 17 años con sus padres, después de que fueron separados bajo la política de “tolerancia cero” del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia los inmigrantes ilegales.
El juez federal de distrito Dana Sabraw en San Diego ordenó la reunión de las familias el 26 de junio y debe aprobar cualquier plan de reintegración.
Hasta el jueves, 541 de los niños permanecían separados y bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, frente a los 559 de hace una semana. Otros 24 menores de cinco años también permanecían bajo cuidado federal.
