La Cámara de Diputados exhortó a diversas autoridades educativas federales y estatales a suspender, de manera inmediata e indefinida, los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros, así como cualquier procedimiento sancionatorio.
Se trata de un punto de acuerdo para que el Poder Ejecutivo Federal suspenda de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de maestros.
Pidió que esta suspensión se lleve a cabo hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.
El llamado se hizo a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas.
El exhorto figura en un punto de acuerdo que suscribieron diputados de Morena, avalado como de urgente y obvia resolución por el Pleno, en votación económica.
En el documento se asegura que “la aplicación sesgada” de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), por parte de las autoridades educativas federales y estatales, ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública, en diferentes estados del país.
“Se estima que hay más de 500 profesores que han sido víctimas de este tipo de atropellos en México”, añadió.
Se establece que la educación impartida en todas las escuelas de México tiene que ser integral y para lograrlo se requiere instrumentar e implementar diversas políticas públicas, “sí urgentes, pero no autoritarias y excluyentes, como lo fue la reforma educativa”.
Los legisladores califican de fallida a la reforma educativa y sostienen que fue “producto de un acuerdo cupular, producto del Pacto por México (suscrito en 2012 por PRI, PAN y PRD), cuyos resultados polarizaron a la nación, además de que profundizaron y agravaron la crisis económica y social”.
“Con esa absurda invención de reforma constitucional (el presidente Enrique) Peña Nieto eludió su responsabilidad para verdaderamente atender los factores del rezago educativo”, expusieron.
Refieren que en dicha reforma se establece los casos en que los profesores pueden ser separados del servicio público, sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según sea el caso.
También comentaron que “los profesores de México están siendo víctimas de un permanente acoso laboral al interior de las escuelas”, con una supervisión excesiva y aumento de cargas de trabajo administrativo, además de que el “linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión del magisterio se ha pretendido coartar”.
“Quienes se oponen a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, en el mejor de los casos han sido separados de sus empleos, y en el peor han sido levantados y desaparecidos”, expusieron.
Los diputados Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Adela Piña Bernal, Irán Santiago Manuel, María Chávez Pérez, Azael Santiago Chepi, Idalia Reyes Miguel, Maribel Aguilera Cháirez, Hilda Patricia Ortega Nájera, María de Jesús García Guajardo, apuntaron que en Morena están a favor de una educación pública integral, laica, gratuita, científica y popular.
Expresaron su compromiso por lograr “una mejora radical del sistema educativo nacional” junto con el magisterio y demás actores interesados “en una verdadera y auténtica reforma educativa”.
El punto de acuerdo aprobado establece:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.
