Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A unos meses de entrar la parte más álgida del proceso electoral en Tamaulipas, la Dirección de Blindaje Electoral de la FEPADE, advirtió a los funcionarios públicos que de utilizar los recursos del Estado o la federación pueden ser destituidos y tener una inhabilitación hasta por 6 años, multas máximas de 400 UMAS y la cárcel.
Cárcel e inhabilitación hasta por 6 años, los castigos.
Isaac Enrique San Román de la Torre Director de Blindaje Electoral de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dio a conocer lo anterior durante la conferencia magistral que el IETAM ha puesto en marcha en Tamaulipas.
En la ponencia denominada “Delitos Electorales”, destacó que por todo ello, es de suma importancia que la ciudadanía conozca y en el servicio público se tome conciencia de las consecuencias de utilizar los recursos del erario para favorecer campañas o candidatos o candidatas en específico.
Isaac Enrique San Román de la Torre, explicó que existen tres tipos de responsabilidades: la Penal, la Electoral y la Administrativa y cada una es atendida por la instancia que le compete, ya sea la FEPADE, los institutos electorales y/o los tribunales electorales o la función pública.
Añadió que cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión o maneje recursos públicos es considerada un servidor público y puede ser acreedor a estas sanciones genéricas o específicas.
Refirió que hay seis conductas claves en los delitos cometidos por las y los servidores públicos y son: la Coacción a sus subordinados; condicionar los servicios o programas; destinar fondos, bienes o servicios; proporcionar apoyo; solicitar aportaciones a sus subordinados y/o negar información, las cuales tienen dichas consecuencias que se establecen en la normatividad vigente.
Por ello, destacó la importancia de la denuncia, sobre todo si se considera que la ley no prohíbe que se sigan entregando apoyos a la ciudadanía.
También dijo que ningún ministerio público se puede negar a recibir alguna denuncia por delito electoral, tanto en el ámbito federal como en lo local, pues existe un acuerdo inter Procuradurías desde Julio del 2015, que los obliga a atender a la ciudadanía, independientemente si es su competencia o no.
