Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El cambio de jurisdicción aduanera del puerto de Matamoros provocó dos iniciativas legislativas que coinciden en exigir explicaciones, aunque plantean soluciones diferentes ante la decisión federal.
Los diputados Isidro Vargas Fernández y Elvia Eguía Castillo llevaron al Congreso sus preocupaciones por las consecuencias económicas y operativas de la nueva disposición aduanera federal.
Mientras Vargas exige reconsiderar el traslado y mantener la adscripción en Matamoros, Eguía solicita información técnica y coordinación institucional para garantizar una transición administrativa ordenada.
Ambas posturas surgieron después de que la Agencia Nacional de Aduanas de México publicó, el 9 de octubre, modificaciones a las circunscripciones territoriales de distintas aduanas.
La disposición contempla transferir la Sección Aduanera del Puerto El Mezquital, también referido como Puerto del Norte, de la Aduana de Matamoros hacia la de Altamira, en toda su área administrativa.
Para Vargas Fernández, la medida representa un riesgo económico que debe atenderse antes de modificar definitivamente la operación aduanera de esta importante zona comercial fronteriza.
El legislador solicitó revisar inmediatamente el acuerdo federal y emitir las modificaciones necesarias para conservar al puerto dentro de la jurisdicción correspondiente a la Aduana de Matamoros.
También planteó suspender o diferir los efectos de la nueva adscripción, siempre que la legislación lo permita, mientras se evalúan sus posibles consecuencias económicas y logísticas.
Vargas advirtió que trasladar determinadas gestiones hacia Altamira podría representar desplazamientos carreteros de aproximadamente 500 kilómetros, además de mayores gastos para importadores, exportadores y operadores.
Consideró que esos cambios podrían traducirse en retrasos, pérdida de competitividad y complicaciones para las empresas vinculadas con el movimiento de mercancías en la frontera tamaulipeca.
El diputado cuestionó que la reorganización federal se justifique mediante criterios de eficiencia administrativa, cuando considera que podría generar dificultades adicionales para los usuarios del puerto.
Recordó que existe una propuesta para consolidar el puerto como Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, aprovechando su cercanía con Estados Unidos y actividad industrial.
Desde esa perspectiva, sostuvo que modificar su dependencia aduanera podría contradecir los esfuerzos para fortalecer la inversión, la conectividad comercial y el desarrollo económico de Matamoros.
Vargas también retomó la inconformidad de Alianza Matamoros, cuyos integrantes expresaron ante las autoridades federales su preocupación por los posibles efectos de esta reorganización administrativa.
Por ello, propuso instalar una mesa de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, representantes portuarios, agentes aduanales y las 27 representaciones de Alianza Matamoros.
Su intención es que los sectores involucrados expongan información operativa y alternativas antes de consolidar una determinación que, considera, podría afectar la economía regional de Tamaulipas.
En contraste, Elvia Eguía Castillo centró su propuesta en obtener explicaciones oficiales sobre los criterios utilizados por la autoridad federal para modificar la adscripción del puerto.
La diputada reconoció las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas para reorganizar sus operaciones, pero consideró indispensable conocer los fundamentos técnicos, administrativos y operativos correspondientes.
Su punto de acuerdo solicita precisar cómo quedarán distribuidas las competencias territoriales y funcionales entre las aduanas de Matamoros y Altamira después de concretarse la modificación.
Eguía sostuvo que esa información resulta fundamental para ofrecer certeza jurídica a importadores, exportadores y demás usuarios que realizan operaciones comerciales mediante la sección aduanera.
También pidió informar el calendario de implementación, las condiciones de entrada en vigor y las medidas previstas para asegurar la continuidad de las operaciones comerciales.
La legisladora consideró necesario establecer comunicación permanente entre la autoridad aduanera, las dependencias portuarias federales, el Gobierno estatal y las autoridades municipales de Matamoros correspondientes.
Explicó que esa coordinación permitiría identificar necesidades de infraestructura, resolver dificultades administrativas y atender oportunamente las inquietudes de los sectores productivos y comerciales de Matamoros.
Además, solicitó conocer los beneficios institucionales que la Agencia Nacional de Aduanas espera obtener mediante la nueva distribución de responsabilidades entre ambas oficinas aduaneras de Tamaulipas.
Eguía aclaró que su iniciativa no busca cuestionar la legalidad del acuerdo federal, sino procurar transparencia y condiciones que eviten incertidumbre durante su implementación administrativa correspondiente.
