Militares y agentes de policía descendieron de sus vehículos al atardecer. Rodearon un pequeño hotel en el centro de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, pues tenían un objetivo: encontrar migrantes indocumentados.
Los elementos corrían en el interior del hotel, llevando a gente fuera de su camino, al mismo tiempo que los migrantes gritaban o huían por la puerta trasera, saltando por los techos de las casas vecinas, de acuerdo con testigos
Así fue una de la serie de redadas que tuvieron lugar la semana pasada en Tapachula, donde fueron detenidos siete cubanos migrantes como parte de una estricta iniciativa del gobierno mexicano y desarticular las caravanas de migrantes.
En México, las deportaciones y los arrestos se han multiplicado rápidamente, sembrando miedo entre los centroamericanos y originarios de otros países que se amontonan en los refugios para migrantes y hoteles económicos al sur del país, la mayoría con esperanzas de llegar a la frontera estadounidense.
Me da mucho miedo. El miedo nunca desaparece”, afirmó un migrante cubano en el hotel.
El gobierno de México ha estado bajo una intensa presión por parte de Donald Trump por detener a los miles de migrantes indocumentados que buscan llegar al norte cada mes.
Donald Trump ha amenazado con imponer sanciones a los países de la región en caso de que no tomen medidas más severas.
El jueves pasado, Trump impactó a funcionarios y líderes empresariales de México y Estados Unidos con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas a menos que el gobierno mexicano impida a migrantes indocumentados cruzar la frontera hacia EU.
Analistas aseguran que México no tiene los recursos para fortalecer su frontera sur, en especial por los niveles históricos de violencia que presenta todo el país.
Además, aún si los tuviera no serían suficientes para detener el flujo de migrantes: en abril más de 109 mil personas fueron arrestadas en la frontera de Estados Unidos.
A pesar de la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de no utilizar la mano dura sobre migrantes, como sus predecesores; su gobierno tuvo que ceder hasta llegar a deportar un 67% más de migrantes que la cantidad deportada por Enrique Peña Nieto en el mismo periodo de 2018.
Sin embargo, el gobierno de López Obrador no ha dejado de lado la iniciativa de albergar a migrantes; por el contrario, ha tomado medidas para expandir la elegibilidad para obtener visas de trabajo o visitante.
Su programa de asilo perfila a recibir 60 mil solicitudes este año, casi el doble de lo que se recibió en 2018. Pero las agencias migratorias de México enfrentan retrasos severos y recortes presupuestarios: el Instituto Nacional de Migración sufrió un recorte del 23 por ciento a su presupuesto anual.
En lo que esperan las resoluciones de solicitudes de asilo, miles de migrantes saturan los refugios y hoteles económicos de la ciudad o las casas de huéspedes.
Funcionarios mexicanos han dicho a migrantes que el proceso de peticiones de asilo podría tardar hasta cinco meses.
