Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el informe más reciente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), la Policía Estatal Acreditable, las Agencias del Ministerio Público o Unidades de Investigación, encabezan la lista de las principales autoridades que están violando los derechos humanos de los Tamaulipecos.
Olivia Lemus, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, da a conocer que, en lo que va del año se han recibido 315 quejas, de las cuales, 47 se han resuelto y 153 se encuentran en trámite.
Junto con las cifras que se han generado en lo que va del 2019, se admite en el informe hasta el 17 de septiembre que, aún existen 82 quejas del 2018 y 80 expediente de rezago que junto con las 153 quejas del 2019, suman un total de 315 expedientes.
Las principales autoridades señaladas como responsables en las quejas radicadas en este año son: Policía Estatal Acreditable 71 quejas; las Agencias del Ministerio Público o Unidades de Investigación con 38 quejas.
Además, se han presentado 27 quejas contra la Policía Ministerial, 24 quejas contra de escuelas primarias, y 14 contra escuelas secundarias.
Asimismo se interpusieron 12 quejas contra Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, y 10 contra el Tribunal de Conciliación para los Trabajadores del Estado y los Municipios.
Dentro de este mismo reporte, que se difunde por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, también se reportan un total de mil 319 gestiones y la mediación con instituciones educativas, autoridades municipales, unidades generales de investigación, Instituto de Defensoría Pública del Estado, Instituto Tamaulipeco de Migrantes y Hospitales.
Aunado a ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, dentro de los procedimientos de investigación por presuntas violaciones de derechos humanos ha girado 202 medidas cautelares.
Se destaca que, estas medidas cautelares han sido en 72 expedientes de investigación Penitenciario; 96 gestiones para beneficio de libertad, atención médica, asesoría jurídica, solicitud de trabajo; además de 43 expedientes de investigación en el sector educativo.
A través de estas medidas, se solicita a las autoridades y servidores públicos la implementación de medidas tendientes a evitar se vulneren o se sigan vulnerando los derechos humanos a los agraviados.
