Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los programas sociales no pueden utilizarse para condicionar votos ni favorecer candidaturas, advirtió la delegación federal del Bienestar en Tamaulipas.
María de Lourdes Puente Vizcarra sostuvo que los apoyos son derechos financiados con recursos públicos y no dádivas sujetas a respaldo político.
La funcionaria señaló que obligar a beneficiarios a votar por determinado partido o candidato representa una utilización indebida de recursos públicos con fines electorales.
“Los programas para el Bienestar deberán mantenerse al margen de cualquier intento de utilización política o electoral”, afirmó la delegada federal en Tamaulipas.
Puente explicó que uno de los mecanismos para reducir intermediarios es la entrega directa y calendarizada mediante la red del Banco del Bienestar.
En Tamaulipas funcionan 61 sucursales donde los beneficiarios reciben recursos conforme a calendarios oficiales difundidos previamente mediante canales institucionales del Gobierno Federal.
El esquema busca disminuir espacios para que funcionarios, operadores o intermediarios condicionen apoyos a cambio de respaldo político durante los próximos procesos electorales.
Puente recordó que durante periodos electorales algunos pagos pueden adelantarse conforme a la legislación, particularmente en programas dirigidos a personas pensionadas.
La funcionaria insistió en que pensiones y becas fueron diseñadas para combatir pobreza y desigualdad, no para influir sobre la voluntad de los ciudadanos.
“Su entrega es una responsabilidad del Estado”, sostuvo al reiterar que ningún servidor público puede condicionar recursos pertenecientes a programas sociales federales.
Los programas establecen expresamente que son públicos, ajenos a partidos políticos y no pueden utilizarse para objetivos diferentes a los establecidos legalmente.
De acuerdo con cifras federales mencionadas por la delegada, en septiembre de 2026 alrededor de 1.1 millones de tamaulipecos recibían algún programa del Bienestar.
La inversión destinada a esos apoyos alcanzaba 23 mil 822 millones de pesos, distribuida entre pensiones, becas y otros programas dirigidos a distintos sectores.
Puente destacó entre los beneficiarios a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres incorporadas al programa destinado al grupo de 60 a 64 años.
La delegada afirmó que convertir programas sociales en derechos constitucionales busca garantizar continuidad, evitando que su entrega dependa de intereses partidistas o coyunturas electorales.
