Ciudad de México.- Por primera vez en la historia, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se unificaron para modificar de fondo todo el sistema de justicia del país, desde el policía que detiene al delincuente hasta el juez que sentencia y los magistrados y ministros que revisan las apelaciones, pues el hecho de que en un año 31 millones de delitos no se hayan denunciado por la desconfianza ciudadana implica que el sistema falló.
El consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, anunció que esta reforma incluirá cambios constitucionales y ajustes en al menos 10 ordenamientos legales, como la creación del Código Penal Único, del Registro Nacional de Carpetas de Investigación y de la facultad para que la Federación conozca y sancione la corrupción de policías estatales y municipales.
Cambios en la justicia local y federal
“No será posible concretar el cambio de régimen y la transformación de México sin reforzar la independencia, calidad y el profesionalismo del Poder Judicial”, aseguró Scherer Ibarra, quien destacó también que “es necesario realizar cambios en la justicia local y federal, a fin de lograr una modificación sustantiva en su operación y entre sus actores, con el objetivo primordial de mejorar el acceso a la justicia, perfeccionar el ordenamiento penal y la impartición de justicia en su conjunto”.
El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, insistió que el Poder Legislativo requiere de una profunda reforma que acabe con privilegios, nepotismo y corrupción.
“Somos percibidos, a veces injustamente, como un poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado sólo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas.
“Esto se ha debido, en gran medida, al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción, que si bien están focalizados tienen hondas raíces y un profundo impacto”, expresó.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló que, de acuerdo con el Inegi, en el último año se cometieron 33 millones de delitos, de los cuales sólo dos millones están judicializados, lo que implica que 31 millones están impunes, porque los ciudadanos no lo denunciaron, lo cual refleja la desconfianza social en el sistema de justicia.
“Si esto no nos mueve a una decisión de fondo y a un compromiso verdaderamente patriótico para sacar adelante esta situación, no va a haber un buen futuro para nuestro país”, dijo, y también aclaró que el problema no está fundamentalmente en el crimen organizado.
“No está el problema, fundamentalmente, como se ha planteado, en los grandes capos. No. Está el problema en las grandes cantidades de víctimas que tiene el país. Si nosotros no entendemos esto y la justicia cívica no es el primer valladar que permita la prevención del delito y la recuperación de la vida comunitaria, nosotros no vamos a tener un buen futuro”, añadió.
Condicionan espaldarazo
Mónica Fernández Balboa y Ricardo Monreal, líderes del Senado, explicaron que esta revisión es necesaria y urgente para el país; en tanto, los coordinadores parlamentarios fijaron posición, Mauricio Kuri, del PAN y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, adelantaron que acompañarán esta reforma sólo si no lesiona la autonomía del Poder Judicial, porque “no permitiremos un operador del Presidente de la República dentro de la Corte”, adelantó Delgado.
Ejecutivo, Legislativo y Judicial acordaron instalar la mesa de trabajo, con representantes de los tres Poderes de la Unión, a fin de que a más tardar, el 18 de enero, se cuente ya con este nuevo entramado del sistema de justicia nacional.
