Santiago.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, enviará una comisión a su país para verificar las denuncias de supuestas violaciones a los derechos ciudadanos durante las masivas protestas sociales en la nación sudamericana, que han dejado al menos 18 muertos y centenares de heridos.
Bachelet anunció la medida en su cuenta de Twitter el jueves, luego de que el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera informase que pidió a la exmandataria que enviase a personal de su oficina a constatar la situación en sitio. Igual invitación se giró a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Américas.
“Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los #DerechosHumanos en #Chile”, tuiteó Bachelet, quien gobernó durante dos periodos al país tras el regreso a la democracia en 1990. “Parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo público pero autónomo en Chile, ha reportado hasta el momento algo más de 2.000 detenciones, más de 500 heridos –210 por armas de fuego– durante los siete días de protestas detonadas la semana pasada tras el rechazo de estudiantes a la suba de la tarifa del metro y que luego se ampliaron a otras viejas demandas sociales.
Las protestas derivaron en actos de violencia, incendios de estaciones del metro, farmacias y saqueos de supermercados, lo que llevó al gobierno a decretar un estado de excepción y toque de queda militar por primera vez en tiempos de democracia.
El INDH ha presentado al menos 55 denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos. Cinco de éstas tienen que ver con muertes ocasionadas presuntamente de manera directa por agentes de la policía o militares. El organismo descartó la denuncia sobre el funcionamiento de un centro para torturar a manifestantes durante los disturbios.
El reciente anuncio de Piñera de una serie de medidas económicas para frenar la crisis social no ha aplacado el descontento en las calles.
