La Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda actualizó el listado de quienes son considerados como personas políticamente expuestas, y que deben ser consideradas como entes de riesgo para las instituciones del sistema financiero.
La Lista de Personas Políticamente Expuestas Nacionales fue publicada por la UBVyA para que, con base en un enfoque basado en riesgo, las instituciones del sistema financiero mexicano “puedan “conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos asociados con dichas personas y los actos y operaciones que realizan a través de dicho sistema financiero”.
En el listado se incluyen desde el Presidente de la República, todos los integrantes de la Oficina de la Presidencia, (el vocero presidencial, jefe de asesores, secretario particular, director de programas integrales de desarrollo), y abarca a todos los secretarios de Estado, subsecretarios, fiscal general y los titulares de las fiscalías.
Incluye también a titulares, jefes o coordinadores generales de Unidades Administrativas, Vicepresidencias y comisionados de cada ente público o dependencia, titulares y hasta dos niveles por debajo de éste, de las áreas de recursos financieros, humanos y materiales de los entes públicos y dependencias.
Lo anterior, ya que en México existen riesgos y vulnerabilidades en materia de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD/FT/PADM) en relación a las personas que, por su empleo, cargo o comisión dentro del gobierno mexicano, pueden ser objeto o medio para facilitar la comisión de delitos de LD/FT/PADM, a través de diferentes conductas, tales como actos de corrupción, cohecho y peculado, entre otros, las cuales son susceptibles de utilizar el sistema financiero mexicano como medio para la comisión de dichos ilícitos”, describe la Secretaría de Hacienda a través de la UBVyA.
Estas disposiciones son de observancia obligada para instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas y entidades no reguladas, casas de cambio, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, almacenes generales de depósito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
Esta disposición tiene como objetivo vigilar el desempeño y evitar actos de corrupción de funcionarios que tienen poder de decisión y ejercicio del presupuesto mediante contrataciones públicas, licitaciones o asignación directa, control directo de adquisiciones, otorgamiento de subsidios y subvenciones, manejo o resguardo de información reservada o confidencial, manejo de finanzas públicas.
