Uno de los activos que todavía puede recuperar este gobierno, es la credibilidad. Pero esa reconstrucción no comenzará con discursos ni campañas publicitarias; debe iniciar desde la propia casa.
Todavía existe margen para corregir el rumbo. Sin embargo, mientras la comunicación institucional continúe sin estrategia ni capacidad para conectar con los ciudadanos, la percepción seguirá deteriorándose.
Fuera de Palacio de Gobierno, la conversación cotidiana no gira alrededor de los programas oficiales, sino de los excesos atribuidos a colaboradores cercanos del gobernador y sus consecuencias.
Uno de esos nombres es Norberto Barrón Barragán, exsecretario particular del mandatario, cuyo paso por el gobierno, continúa generando cuestionamientos por las decisiones y el poder que acumuló.
Incluso, persisten versiones sobre su actuación desde etapas anteriores, como es el caso de Sinaloa, así como su influencia para impulsar la creación de la Subsecretaría de Enfermería, encabezada por su madre, Irma Barragán.
Hoy existen señalamientos sobre el manejo de recursos públicos en esa área de Salud. Precisamente por ello, corresponde a las autoridades investigar con absoluta seriedad, confirmar los hechos o deslindar responsabilidades.
La Secretaría Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior del Estado y la propia Fiscalía General tienen la obligación institucional de esclarecer cualquier irregularidad.
No hacerlo, significaría alimentar la percepción de impunidad. Si existen evidencias, deben actuar conforme a derecho; si no las hay, también corresponde cerrar cualquier especulación con investigaciones profesionales.
Tanto el gobernador Américo Villarreal como la doctora María de Villarreal depositaron su confianza en numerosos colaboradores para consolidar un proyecto de gobierno que privilegiara el servicio público.
La confianza, sin embargo, también genera responsabilidades. Quien utiliza un cargo para obtener beneficios personales no solamente traiciona al gobierno, traiciona la confianza depositada por quienes lo nombraron.
Otro caso que exige una revisión institucional es el de Jacobo Batarse, sobre quien existen versiones relacionadas con presuntos desvíos desde la Dirección General de Administración de la Oficina del Gobernador.
También se mencionan pagos millonarios a proveedores vinculados con áreas administrativas donde aparecen nombres como Julio Limas y la estructura que depende de Gerardo Algarín, asuntos que igualmente requieren revisión. Algarín firma los pagos de facturas para quienes cobraron servicios a la casa de Gobierno que administraba Batarse.
Si Norma Angélica Pedraza Melo, Andrés Norberto García Repper Fávila, Francisco Noriega y Jesús Eduardo Govea Orozco, realizan investigaciones profundas, podrán confirmar o descartar cualquier operación irregular con respaldo documental.
Incluso, el apoyo de autoridades fiscales permitiría establecer con precisión si existieron empresas factureras, simulación de operaciones o cualquier mecanismo utilizado para desviar recursos públicos.
Otro frente delicado se encuentra en la Secretaría de Bienestar. Las acusaciones contra Samuel Badillo Amador rebasan el ámbito político y ameritan una respuesta institucional contundente.
Las denuncias señalan presuntos cobros de favores políticos, promesas de candidaturas y el supuesto uso del nombre de Américo Villarreal Santiago para ejercer presiones sobre empresarios participantes en licitaciones públicas es solo una muestra, sin dejar pasar la denuncia que acoso sexual que enfrenta en contra de Itzel “P” quien fue despedida por Silvia Casas para encubrir el acoso de Badillo.
Dentro de esos señalamientos aparece también el caso denunciado por el empresario y doctor Alejandro Valdés, expediente donde igualmente figura la hoy alcaldesa de San Fernando, Verónica Aguirre, entonces secretaria de Bienestar.
La mejor estrategia para recuperar la confianza ciudadana no consiste en descalificar críticas. La respuesta debe ser jurídica, transparente y sustentada en investigaciones que permitan sancionar a quien resulte responsable.
No se trata de iniciar una cacería política ni de fabricar culpables. Se trata de demostrar que nadie puede utilizar el poder para enriquecerse o traicionar la confianza institucional.
Si el gobierno quiere llegar fortalecido al cierre del sexenio, necesita enviar un mensaje contundente: quien haya traicionado la confianza de Américo Villarreal y de María de Villarreal debe responder ante la justicia, porque la impunidad también destruye gobiernos.
