Ciudad de México.- El outsourcing irregular sí es delincuencia organizada, al usar domicilios inexistentes, y refugiarse en “covachas” para evadir al fisco, incluso 42 empresas de este tipo fueron usadas para el lavado de dinero; además, dañan a los trabajadores, pues tan sólo en diciembre pasado, 14 mil 553 empresas despidieron a 64 mil empleados, que recontrataron en enero, para evadir impuestos y cuotas al IMSS e Infonavit.
Ayer, durante el parlamento abierto organizado por el Senado para debatir los cambios de ley que se necesitan para frenar el outsourcing irregular, el procurador fiscal federal, Carlos Romero, informó que algunas empresas de subcontratación sí califican como crimen organizado, pero que ya se tienen las herramientas legales para combatirlas, así como aplicar el delito de riesgos a la seguridad nacional a quien las contrate.
Constituyen empresas fantasma, con testaferros, con personas de escasos recursos, con domicilios fiscales en covachas o en lugares que no tienen una operación propia de la prestación de un servicio, cuyo único objetivo es defraudar al fisco federal, defraudar al IMSS, defraudar al Infonavit y esconder la relación laboral.
(…) pero también el que contrata el servicio de outsourcing podría caer en un delito contra la seguridad nacional si el monto de lo defraudado es superior a 7.8 millones de pesos (…) ¿esto qué implica en ambos casos? Prisión preventiva oficiosa”, dijo.
A su vez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que hay 42 casos de empresas utilizadas para el lavado de dinero “que van a ser presentados ante la procuraduría fiscal y el SAT para poder desarrollar casos conjuntos”.
Añadió: “Tenemos empresas que financieramente reciben 300 millones de pesos en depósitos, 973 millones de depósitos a personas morales, 970 millones en retiros, envío de 41 millones de dólares a China, Hong Kong, Estados Unidos, cheques interbancarios por 138 millones de pesos, pero comparten domicilios con 32 personas físicas y morales y fiscalmente declaran en ceros; es decir, ¿cómo se genera esta realidad,? pues a partir de los mecanismos de outsourcing ilegal”.
En tanto, Zoé Robledo informó que “14 mil 553 empresas dieron de baja a absolutamente todo su personal, toda su nómina. Y, no son empresas chicas, van de 101 trabajadores hasta 500 empleados y para arriba, o sea, no son las pequeñas empresas de 50 trabajadores para abajo (…) ¿Qué creen que pasó en enero? Empezaron a contratar otra vez a su mismo personal”, y esa acción afectó a 64 mil trabajadores.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, expresó que “vale la pena poder discutir qué tipo de cosas serían eficientes y eficaces para que eliminemos de tajo la posibilidad de que se defraude a los trabajadores, se defraude al fisco y se defraude a los institutos de seguridad de este país”.
Así, los representantes del gobierno federal insistieron en que se necesitan cambios de ley para acabar con los abusos en la subcontratación, que denominaron el outsourcing malo, sin perjudicar a los empresarios cumplidos; sin embargo, los representantes del sector privado insistieron en que no es necesario modificar la ley, sino que se aplique con rigor.
REGULACIÓN ES DIFÍCIL: OIT
Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoció ante legisladores que la subcontratación es un tema difícil de regular.
Durante el parlamento abierto en materia de subcontratación, dijo que la oficina de la OIT comenzó desde hace años a estudiar y a analizar el tema, por lo que ofreció el apoyo y asesoría técnica de esta organización.
Aseveró que la dificultad de regular la subcontratación no es sólo en México, sino que está en todos los países del mundo. “Cuando la OIT preparó los documentos para la conferencia del año 2006, tenía informes de más de 70 países y esos países, todos, revelaban dificultades en la reglamentación y en la regulación; de manera que no es un tema fácil”, indicó.
González Marroquín llamó a reflexionar sobre dónde están los problemas. Consideró importante resaltar cuál es el rol que debe jugar la inspección del trabajo en todos estos temas, “¿cómo logramos fortalecer la inspección del trabajo en México, no solamente a nivel federal, sino también a nivel de los estados?”.
Por ello, instó a analizar dónde están los problemas y cuáles son las soluciones y apuntó que éstas no necesariamente pasan por nueva y más legislación, “o quizá sólo se requieren algunos ajustes al marco jurídico que ya se tiene”.
