Ciudad de México.- El ministro Fernando Franco González Salas propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la llamada ley Bonilla, con la que se modificó la Constitución de Baja California para permitir que el actual gobernador, Jaime Bonilla, extienda su mandato por cinco años, y no por los dos para los que fue electo.
El proyecto de resolución ya fue difundido entre los integrantes del pleno, quienes podrían votarlo la próxima semana, aunque hay varios ministros que plantean que este tema es muy relevante como para discutirlo en una sesión por videoconferencia.
Desde la semana pasada, el pleno sesiona de manera remota y se ha enfrentado a algunos problemas debido a deficiencias en las conexiones de Internet, lo que ocasiona que alguno se desconecte, no escuche o apague su micrófono sin intención.
Para ellos, la discusión de la ley Bonilla debe darse en una sesión pública y presencial, donde no haya interrupciones técnicas que impidan el intercambio de argumentos.
Una vez presentado el proyecto, el tema podría ser resuelto la semana próxima, aunque el asunto aún no aparece en las listas públicas para la sesión del pleno.
Para otros ministros el tema debe votarse a la brevedad, pues de declararse inconstitucional dicha legislación tendrá que convocarse a elecciones para gobernador en 2021 y empezar el proceso electoral en junio de este año.
El 12 de marzo el ministro Franco declaró cerrado el periodo de instrucción, es decir, que consideró que las partes habían ya presentado todos sus alegatos y asistido a las audiencias necesarias como para elaborar el proyecto de sentencia.
El proyecto de Franco advierte que la intención de Jaime Bonilla viola los principios democráticos de la constitución federal, pues el mandato popular que recibió fue para ejercer el gobierno por únicamente dos años, por lo que prolongarlo sin un proceso electoral que lo legitime es inconstitucional.
Por ser una norma ya en vigor, para que la SCJN invalide la ley Bonilla será necesario que se reúna una mayoría calificada de cuando menos ocho votos. Promovieron acciones de inconstitucionalidad el PAN, MC, PRD, PRI, Partido de Baja California, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral.
Desde el año pasado, la Corte había anunciado que daría prioridad a este asunto.
