Desde este espacio hemos sostenido la tesis de que los organismos defensores de derechos humanos, tanto los estatales como el federal, son simples membretes o “elefantes blancos”, que lo único que hacen es derrochar y desperdiciar recursos públicos con el pretexto de la defensa de la dignidad de las personas.
En las Estados esa inoperancia de las Comisiones de Derechos Humanos es todavía más notoria. Funcionan más como otra dependencia de la estructura gubernamental, y no como organismos independientes y autónomos de defensa de los ciudadanos frente a los excesos del poder público.
Basta escuchar el discurso de quienes están al frente de las Comisiones para percibir el sometimiento bajo el cual se encuentran frente al Gobierno. Son incapaces de hacer una crítica porque saben que le deben su cargo a la misma autoridad estatal.
Lo mismo ocurre ahora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, quien llegó al cargo con la fuerza de la aplanadora de Morena en el Congreso de la Unión, en atención a un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la última década, la CNDH había ganado prestigio y respeto de los mexicanos por su posición crítica hacia el Gobierno. Sus recomendaciones eran un real contrapeso para las autoridades.
Hoy, sin embargo, el organismo nacional ha dejado atrás la crítica y su papel de defensor férreo de las causas ciudadanas, para asumirse como un ente aplaudidor del gobierno lopezobradorista.
En esas condiciones, los organismos defensores de derechos humanos dejaron de ser tales para operar como una instancia más de Gobierno. Su existencia se justifica por la obligación de atender un mandato de tratados internacionales de los que México forma parte, y no tanto porque haya un genuino interés de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Le cuento de todo ello por las declaraciones que hizo el pasado fin de semana la presidente de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, proponiendo reformar el artículo 102 , apartado B, de la Constitución federal, para hacer que las recomendaciones del organismo tengan carácter vinculante.
Vinculante , en el término jurídico, significa obligatoriedad. En ese sentido, el planteamiento de Piedra es que las recomendaciones de la CNDH sean obligatorias para las autoridades.
La reforma es necesaria, dice, porque los resultados de los organismos defensores de derechos humanos han sido muy escasos. Tiene razón de sobra en ese aspecto.
En lo personal, he pugnado también por esa necesidad de que las resoluciones de la CNDH y de sus pares en los Estados sean de carácter obligatorio. Me parece que sería la mejor defensa de los derechos humanos de los ciudadanos porque los servidores públicos tendrían que pensarlo dos veces antes de incurrir en un exceso.
Sin embargo, me parece que el principal problema de los organismos defensores de derechos humanos, como lo decía al inicio, ésta en la dependencia que tienen del Poder Ejecutivo las personas que los encabezan,
Si la idea o propósito es contar con auténticas Comisiones defensoras de derechos humanos, sí, hay que darle fuerza vinculante a sus recomendaciones, pero también hay que encontrar un mecanismo que impida que los Ombudsman no le deban la chamba a nadie, y menos a los Gobernadores en el caso de los organismos estatales , o al Presidente en el caso de la CNDH.
Si no se garantiza esa independencia y autonomía, de nada servirá que las recomendaciones tengan carácter obligatorio. Será más de lo mismo porque la debilidad o infuncionabilidad de los organismos se debe principalmente a ese sometimiento de sus titulares.
Ahora que, respecto a transformar a la CNDH en una “Procuraduría de Pobres”, me parece una tontería, sobre todo porque los derechos humanos son inherentes a toda persona sin importar su condición social. Los atropellos del poder público lo mismo se dan en pobres que en ricos, y unos y otros deben ser defendidos por las Comisiones.
ASI ANDAN LAS COSAS.
