Washington.- La llamada del secretario de justicia William Barr a fiscales federales de todo el país fue clara: Repriman firmemente a los manifestantes que generan episodios de violencia.
Barr presionó a los fiscales para que radicasen cargos federales toda vez que fuera posible y mantuviesen jurisdicción sobre un caso incluso si una persona podía ser juzgada por tribunales estatales, según funcionarios al tanto de la llamada de la semana pasada que hablaron condición de anonimidad porque no estaban autorizados a comentar el tema en público. Las condenas en tribunales federales generalmente conllevan sentencias más largas.
La campaña ya generó más de 300 detenidos por delitos federales en las protestas que estallaron tras la muerte de George Floyd. Un análisis que hizo la Associated Press de información estadística indica que, si bien mucha gente fue acusada de delitos violentos como causar incendios al tirar bombas molotov, quemar vehículos policiales y causar lesiones a la policía, otros no han sido imputados. Y esto dio paso a críticas de que algunas detenciones son motivadas por razones políticas, con el fin de desalentar las manifestaciones.
“La velocidad con que todo esto pasa de tribunales estatales a tribunales federales es asombrosa, increíble”, dijo Charles Sunwabe, quien representa en Erie, Pensilvania, a un hombre acusado de prender un fuego en un café durante una manifestación del 30 de mayo. “Tratan de intimidar a estos manifestantes y de silenciarlos”, expresó el abogado.
Algunos abogados dicen que varios casos han sido inflados y que no deberían estar en tribunales federales, incluido el de un adolescente acusado de alteración del orden público por afirmar en las redes que “no somos enemigos entre nosotros, el único enemigo es la 12”, aludiendo a las autoridades policiales.
El gobierno explota las manifestaciones y la firme respuesta de la policía para promover la política de mano dura que impulsa el presidente Donald Trump, quien dice que está contrarrestando la creciente delincuencia en ciudades gobernadas por los demócratas. Trump ha criticado a los manifestantes y denunciado los episodios de violencia, por más de que la mayoría de las protestas son pacíficas.
Ha habido episodios de violencia en algunas ciudades, incluida Portland, en Oregón, donde hubo enfrentamientos con la policía por semanas. También hubo saqueos y otros incidentes en Rochester (estado de Nueva York), Minneapolis, Louisville, Washington y Chicago.
Se despacharon agentes federales a Kenosha, en Wisconsin, después de grandes manifestaciones e incidentes que siguieron a un episodio en que Jacob Blake fue baleado por la espalda por la policía y a las muertes de dos manifestantes, por las que fue detenido un chico de 17 años. El muchacho no ha sido acusado de delito federal alguno. Tampoco un individuo detenido en conexión con la muerte de un manifestante en Louisville, durante manifestaciones por la muerte de Beronna Taylor.
Barr está reprimiendo los actos de violencia contra la policía, pero dice que rara vez se justifica investigar las prácticas de la policía. El Departamento de Justicia, no obstante, ha iniciado una serie de investigaciones de posibles violaciones a los derechos civiles. Barr afirma que no cree que haya un racismo sistémico en los departamentos de policía, a pesar de que los afroamericanos tienen muchas más posibilidades de morir a manos de la policía y de los reclamos de reformas a las fuerzas policiales.
En la llamada con los fiscales, Barr planteó la posibilidad de que se radiquen otros cargos en los casos de alteración del orden, incluido el de sedición, rara vez usado, según los funcionarios al tanto de la llamada. Expertos legales dicen que es poco probable que se use ese cargo, ya que es muy difícil de demostrar.
Hay varios casos que no deberían ser juzgados en tribunales federales, según abogados.
Entre ellos el de Isaiah Willoughby, de 35 años, acusado en Seattle de prender un fuego frente a una unidad policial y quien enfrenta una condena mínima de cinco años en los tribunales federales. Su condena podría ser de un año en los tribunales estatales, que son los que deberían tomar cartas en el asunto, de acuerdo con su abogado.
“Era una propiedad de la municipalidad y hay fiscales locales listos para llevar este caso, pero el gobierno federal trata de aprovechar estos delitos asociados con protestas” para promover sus intereses, dijo abogado defensor público Dennis Carroll.
Carroll acusó a las autoridades federales de usar estos casos para pintar las protestas como más violentas de lo que fueron.
Fiscales federales desestimaron este mes cargos contra un hombre al que según las autoridades se le encontró una bomba molotov en su mochila cuando fue detenido junto con otros en mayo por bloquear el tráfico en Jacksonville, Florida. Un video mostró que el hombre, Ivan Zecher, de 27 años, fue arrestado por error ya que estaba en la acera, no en la calle, lo que implicaba que no se lo podía acusar de nada, según su abogado, Marcus Barnett.
“No hay duda de que están tratando de exagerar todo esto, de hacer creer que todo es más grave y siniestro de lo que lo es”, sostuvo Barnett. “Este es el Departamento de Justicia, que desde su cúpula defiende posturas que no tienen nada que ver con la justicia”, agregó.
