Cada vez le es más difícil a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atender y responder las acciones de inconstitucionalidad que el gobierno Federal enfrenta ante las autoridades estatales, municipales, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, padres de menores afectados, doctores y enfermeras en abandono por descuidos sanitarios, contratistas ofendidos, entre muchas otras demandas por las políticas públicas tanto de austeridad como desaparición de programas estratégicos.
Como varios ejemplos, en mayo se registró la controversia constitucional presentada por el estado de Tamaulipas, por la omisión federal en la atención migratoria, la cual la SCJN suspendió.
Recordando en esa ocasión que la SCJN desechó la controversia que promovió el gobierno de Tamaulipas, que acusaba al gobierno federal por no tomar las acciones necesarias para evitar el contagio por Covid-19 a través del flujo de la población migrante que atraviesa legal e ilegalmente la frontera con los Estados Unidos.
En su demanda, el gobierno que encabeza Francisco Javier Cabeza de Vaca se quejaba por la presunta “omisión de cumplir con el compromiso asumido entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de restringir los viajes inter-fronterizos de naturaleza no esencial con motivo de la pandemia del COVID-19”.
Otro distanciamiento se presentó en enero, cuando seis estados rechazaron su entrada al INSABI ante la falta de reglas claras, por lo que confirmaron que seguirían atendiendo a los ciudadanos bajo el estatus de Seguro Popular, además no firmaron un convenio de adhesión que les quita responsabilidad para atender la salud de sus habitantes. Además, dichos gobernadores lamentaron que se hayan cancelado el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Tamaulipas y Chihuahua, también se inconformaron en su momento, contra las políticas energéticas que afectaron los desarrollos de energías limpias.
En esa ocasión, el 17 de mayo encabezado por los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua, los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) expresaron que el Acuerdo de la Secretaría de Energía que modifica el Sistema Eléctrico Nacional es un grave retroceso, pues desalienta la inversión privada y el empleo; incrementa los costos de generación y la contaminación, lo cual tendría un efecto muy negativo en la economía, la salud y el deterioro ambiental del país.
Ahora este jueves 15 de octubre, en un firme posicionamiento, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Jalisco, Enrique Alfaro; Colima, Ignacio Peralta; Michoacán, Silvano Aureoles; Chihuahua, Javier Corral; Nuevo León, Jaime Rodríguez; Durango, José Rosas Aispuro, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adelantaron que de ser aprobada la reforma para extinguir los 109 fideicomisos, interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Advirtieron que el Presidente se refirió en forma “insidiosa” a quienes se oponen a la extinción de 109 fideicomisos, en particular a la comunidad de científicos, investigadores y defensores de derechos, así como a los integrantes de la Alianza Federalista, al decir: “Están defendiendo la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control”.
Sostuvieron que la legislación vigente sólo prevé la extinción de fideicomisos cuando éstos se constituyan en fraude a terceros, pero no existe sanción alguna, sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la extinción de un fideicomiso conductas tipificadas que pudieran ser consideradas como corruptas.
Agregaron que la Alianza Federalista se opone categóricamente a que el gobierno se apropie de la totalidad del patrimonio de 109 fideicomisos.
