El sistema penitenciario es el último eslabón del sistema de justicia penal.
Teóricamente es en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), popularmente conocidos como Penales, donde se consuma aquello que las leyes definen como la reinserción social de quienes han cometido un delito.
Luego de ser detenido, procesado y juzgado, alguien que es encontrado culpable va a purgar una condena a un reclusorio. Se supone que el fin de la pena es lograr que la persona regrese a la sociedad debidamente “curado”.
Lastimosamente, las condiciones imperantes en los Cedes no permiten, ni por tantito, que esa reinserción social de los delincuentes se consume. Por algo las prisiones han sido consideradas desde siempre, escuelas del crimen.
Es una pena que las cosas sucedan así porque entonces se pierde el sentido del sistema de justicia.
El diagnóstico que hace de los reclusorios la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es preocupante y deja muy mal a todo el sistema penitenciario del país, pero particularmente al de Tamaulipas.
Los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019, un instrumento de evaluación usado por la CNDH, son contundentes: Tamaulipas junto con Veracruz y Guerrero, son los tres Estados del país con la peor calificación en sus reclusorios. Para decirlo más claro: están reprobados.
A través del DNSP fueron evaluados los reclusorios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Altamira, y la calificación que lograron fue de apenas 5.42.
Entre las irregularidades más recurrentes que se detectó en ellas aparecen la existencia de autogobiernos o cogobiernos; el cobro de extorsiones y sobornos; presencia de actividades ilícitas e insuficiencia de personal de custodia y seguridad.
También padecen hacinamiento; deficiente separación de hombres y mujeres; deficiencia en los servicios de salud; insuficiencia de vías para denunciar posibles violaciones de derechos humanos, y deficiencias en la alimentación.
La investigación también encontró deficiencias en la separación de procesados y sentenciados; insuficiencia en actividades laborales y de capacitación e insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
Pero hay más: no es el primer año que los reclusorios tamaulipecos son reprobados.
Todo ello nos deja claro un hecho: a los Gobiernos no les está interesando en lo absoluto el sistema penitenciario y los fines del mismo.
Pareciera que para las autoridades alguien que delinquió es caso perdido y por eso no les interesa invertir recursos para hacer que las cárceles cumplan con la función para la que fueron creadas, que contrario a lo que muchos piensan no es solamente servir de centros de confinamiento de delincuentes.
Es una lástima que así suceda porque cientos o miles de reos egresan diariamente de las cárceles mexicanas, y muchos de ellos lo hacen para seguir delinquiendo. Bajo esas circunstancias, el último eslabón del sistema de justicia, no solamente está olvidado. También es un eslabón podrido.
EL RESTO.
¿LEY SECA, PARA QUÉ?.- Entre las medidas preventivas contra el Covid-19, el Gobierno volvió a limitar los horarios de la venta de alcohol.
Por más que uno le busca explicación al tema, no se lo encuentra por ningún lado. ¿En que contribuye a reducir los contagios la llamada “Ley Seca”?
La realidad es que al Gobierno le ha faltado más inteligencia y sentido común en el diseño de medidas para frenar el avance del Covid-19.
Ayer le decía, por ejemplo, que las dependencias públicas son uno de los más riesgosos focos de contagio de la enfermedad. ¿Por qué no diseñar una estrategia que permita atacar esa situación?
ASI ANDAN LAS COSAS.
