Ciudad Victoria.- La salida de Norberto Barrón Barragán, quien se desempeñaba como secretario particular del gobernador Américo y de Jacobo Batarse, director general de Administración de la Oficina del Gobernador, representa uno de los movimientos políticos más relevantes registrados en la administración estatal durante las últimas semanas.
Las destituciones, de acuerdo con fuentes consultadas, forman parte del proceso de reestructuración que impulsa el gobierno de Américo Villarreal Anaya, donde también pesan evaluaciones internas relacionadas con desempeño, resultados y confianza dentro del equipo gubernamental.
Aunque hasta ahora no existe un posicionamiento oficial sobre las causas específicas de ambos relevos, versiones surgidas al interior del Gobierno del Estado, sostienen que la decisión responde a una profunda revisión administrativa emprendida desde el primer círculo del Ejecutivo.
En el caso de Jacobo Batarse, diversas fuentes señalan que su separación estaría relacionada con presuntas irregularidades administrativas que son objeto de revisión interna; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado públicamente esos señalamientos ni ha presentado pruebas.
Las mismas versiones mencionan el presunto uso de empresas factureras y refieren el nombre de Julio Limas como supuesto beneficiario y operador desde la Dirección Administrativa de Comunicación Social. Estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades competentes.
Sin embargo, particularmente en este caso, es donde aparece el nombre de Jacobo Batarse por su relación con Limas.
Fuentes gubernamentales consultadas anticipan que los relevos podrían formalizarse una vez que sean designados los nuevos responsables de ambas áreas estratégicas, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades administrativas del Ejecutivo estatal.
De acuerdo con información obtenida por este medio, la diferencia respecto de otros cambios ocurridos durante la presente administración radica en que las investigaciones internas podrían derivar, en caso de acreditarse responsabilidades, en la presentación de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Hasta el momento, el Gobierno de Tamaulipas no había emitido un comunicado oficial sobre las destituciones, tampoco había confirmado investigaciones penales o administrativas contra los exfuncionarios, ni ellos habían fijado una postura pública sobre su separación del cargo.
