Ciudad de México.- Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano, señala el dictamen para quitarle el fuero al Mandatario federal que mañana se discutirá en el pleno del Senado.
El documento no ha logrado unidad, confirmó el senador Cristóbal Arias, de Morena.
En el dictamen que será analizado por el pleno, se indica que responde a la necesidad de atender a la demanda social de abatir la impunidad que ha generado la protección constitucional o fuero de los altos servidores públicos.
“Se da un paso firme para avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad, ya que se responde al clamor generalizado de eliminar el esquema de impunidad que desde la Constitución indebidamente se ha procurado con la protección de los servidores públicos, en este supuesto del Presidente de la República, la cual ya no debe ser una excepción jurídica en absoluto respeto y cumplimiento del principio de igualdad ante la ley”, detalla.
De acuerdo con el texto, se contempla que para proceder penalmente contra el Presidente de la República, “sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara Alta resolverá con base en la legislación penal”.
El punto de inflexión entre la oposición y la alianza morenista es que los primeros están buscando que la reforma abarque también a los legisladores y no sólo al Mandatario federal.
Esta es la reserva que presentaron los opositores y que mañana tendría que ser votada favorablemente por el pleno para que avance la reforma. En caso de que no se logre, regresaría a comisiones para que sea discutida.
“No ha logrado todavía llevarse al pleno, están divididas las opiniones en las distintas bancadas”, dijo Arias.
La propuesta del artículo 111 implicaría que el presidente de la República podría ser sujeto de responsabilidad penal a través de un proceso político. Para lograrlo, el camino tendría que ser: la Cámara de Diputados acusa por mayoría absoluta de sus integrantes presentes en la sesión correspondiente al Titular del Ejecutivo federal, la envía al Senado de la República y éste resuelve por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes presentes en la sesión del caso.
