Ciudad de México. La violencia que se ha desatado en Guanajuato es consecuencia de la profunda descomposición social que se fue gestando durante años, se abandonó la atención a la gente, el bienestar del pueblo, y se permitió la creación y desarrollo de grupos dedicados a la delincuencia, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lamentó que aparezcan fosas con cadáveres que en la mayor parte son de jóvenes. Como ejemplo dijo que en el reporte de seguridad de ayer, que registró en el país uno de los niveles más bajos de homicidios, 68 en todo el país. Pero de esos, 13 se registraron en Guanajuato, el 19 por ciento.
También lamentó el asesinato del legislador panista local Juan Antonio Acosta, a quien no mencionó por su nombre, como expresión de la violencia desatada en esa entidad.
Acosta fue asesinado a balazos el martes pasado en la ciudad de Juventino Rosas. De acuerdo con fuentes policiacas, el también precandidato a alcalde de ese municipio corría en el centro de la ciudad, cuando al menos dos hombres se le acercaron y le dispararon a quemarropa.
López Obrador sostuvo que para superar la situación se debe atender a los jóvenes e impedir que haya connivencia entre autoridades estatales y municipales con la delincuencia organizada.
Durante su conferencia de prensa, el presidente consideró que el caso Guanajuato es muy aleccionador: “Cómo un modelo económico, sin visión social, no funciona, porque Guanajuato es de las entidades con más crecimiento económico. Sin embargo, es al mismo tiempo la entidad, o está dentro de las entidades con más violencia. Cómo es que hay crecimiento económico, desarrollo industrial, creación de empresas, de maquiladoras, producción para el mercado, exportación, hasta generación de empleos y violencia: ¿Qué pasó con ese modelo?”.
Recordó que en una visita que hizo a la entidad hace tiempo conoció que en un municipio no había una sola escuela preparatoria pública. Se apostó mucho a la privatización, subrayó.
Insistió en que no está en contra de la escuela privada, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública en todos sus niveles.
