Leí recientemente unas declaraciones de Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, representante en Tamaulipas de la Organización Nacional para la Defensa del Patrimonio Familiar (Onapafa), en las que pide que los vehículos de procedencia extranjera ingresados al país sean considerados como, “herramienta de trabajo”.
Para ello, hace un llamado a los candidatos a una Diputación federal, para que, de ganar la elección, agilicen el decreto que regularice los miles de vehículos de esas características que circulan en la entidad.
¿Es en serio eso de que, se trata de herramienta de trabajo?
Una de dos: O don Jesús Manuel es muy ingenuo, o le sobra cinismo.
No dudo que haya quienes compren una camionetita o un cochecito para trabajar, pero de ahí a pretender que eso opere para la mayoría, es atentar contra la inteligencia ciudadana.
Es absurdo argumentar que los lujosos vehículos americanos que ruedan por las calles de las principales ciudades son instrumento laboral para sus dueños. Tampoco tiene cabida el viejo pretexto de que quienes compran un vehículo “chocolate” lo hacen porque carecen de recursos para adquirir uno de fabricación nacional. Muchos de esas unidades son más costosos que una mexicana.
Usted, como yo, habrá visto circular lujosas camionetas o carros, cuyo valor, aunque sea en el otro lado de la frontera, no está por debajo de los 300 mil pesos.
No. La realidad de ese tema de los autos “chocolates” es que se trata de un negociazo redondo del que siguen medrando muchos. Unos, la mayoría, lo hacen económicamente, y otros, sobre todo los partidos, y desde luego los Gobiernos, lo hacen políticamente.
Económicamente el contrabando de autos “americanos” está convertido en un negocio redondo por presuntas organizaciones sociales, como la Onapafa, UCD y otras, que han venido surgiendo en los últimos años al amparo de la protección oficial.
Suman millones y millones de pesos los que cada año generan los autos “chocolates”, sobre todo a través de la venta de pedazos de cartón, a los que llaman placas, y que presuntamente sirven para evitar la molestia de las autoridades o impiden un eventual decomiso.
En realidad, con o sin esos cartoncillos las autoridades no están decomisando los “chocolates”. No lo hacen por la sencilla razón de que al Gobierno no le conviene.
También medran del negocio las autoridades aduaneras y las policías. Las primeras al dejar ingresar al país los vehículos, y las segundas a través de las “mordidas” que pegan a los automovilistas.
Electoralmente, los partidos y los Gobiernos le sacan jugo a los “chocolates”. Cada que hay un proceso electoral, como el actual, se filtra desde las instancias de Gobierno, la posibilidad de un decreto de nacionalización, buscando con ello sensibilizar en su favor a los dueños de esos millones de vehículos.
El gran problema es que, mientras unos cuantos se benefician del asunto, somos muchos los que pagamos las consecuencias, porque cada vez aumenta el número de unidades circulando en las ciudades, incrementando con ello la inseguridad pública, a través de más delitos o de un crecimiento en el índice de accidentes automovilísticos fatales.
Esa es la realidad. Cualquier otra cosa que nos digan al respecto de los “chocolates”, son simples mentiras de quienes buscan proteger el negocio redondo que se traen en manos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
