Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los Diputados en Tamaulipas dejaron sin efecto y abrogaron dos acuerdos que establecían las “reglas para la declaración de procedencia de desafuero del Gobernador, Diputados locales y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia”.
Una de las decisiones que presionaron a los legisladores es que este acuerdo fue visto mediáticamente como un intento de blindaje a favor de Francisco García Cabeza de Vaca.
La iniciativa para echar abajo ese reglamento, se hizo con despensa de trámite a Comisiones; La iniciativa de punto de acuerdo fue presentada en el pleno por el Presidente de la Comisión de Justicia Félix Fernando García Aguiar.
Reconoció que no se establecieron con claridad los motivos para dejar sin efecto dichos acuerdos aprobados por el Poder Legislativo el tres y ocho de marzo pasados.
Sin embargo en el punto sexto de la acción legislativa, se precisa que el acuerdo que establecía las reglas del ejercicio del procedimiento, que establece el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal, “lejos de representar un intento de blindaje institucional a favor del Gobernador, Diputados o Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia , solo representa el cumplimiento de lo que establecen los artículos 14, 16 y 111 , párrafo 5 de la Constitución federal, al igual que el numeral 44 segundo párrafo de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas y el numeral 28 de ley federal de la materia”.
La decisión de los diputados en el pleno, llega después de que la Dirección General Jurídica de la Cámara de Diputados, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de Controversia Constitucional, por considerar que el acuerdo que había aprobado la legislatura local conlleva un intento de blindar al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, e invade las funciones que solo le corresponden al Palacio Legislativo federal.
En la demanda de Controversia Constitucional, se dijo que el acuerdo del Congreso del Estado violenta diversas disposiciones de la Constitución Federal al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia de desafuero en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales.
