Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Partido del Trabajo confirmó que registrara como candidato a Antonio Medina a la Presidencia Municipal de Soto La Marina, hijo de Habiel Medina Flores, quien enfrenta un proceso por peculado bajo prisión preventiva oficiosa y señaló al IETAM de formar parte de las complicidades para cancelar los derechos ciudadanos al ex alcalde de ese municipio.
Arsenio Ortega Lozano, coordinador del PT en Tamaulipas, expuso que esta acción es “preventiva” o a “cautelam” esperando el fallo que emita el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Lo que pasará ahora es que el IETAM deberá confirmar el registro de Antonio Medina para candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas” Morena-PT.
Confirmó que el proceso de impugnación a la candidatura de Habiel Medina Flores se está dando porque se registran “muchas irregularidades” en el rechazo al registro de su candidatura e incluso, al tomarse facultades para cancelar los derechos políticos.
“El IETAM sí le está cancelando los derechos políticos como ciudadano a Habiel Medina”, consideró Ortega.
Dijo que en el caso de Antonio Medina, no es una propuesta improvisada y tiene una trayectoria reconocida en Soto La Marina.
Aunado a ello, destacó que desde la detención de Habiel Medina fue ilegal porque no se respetó un amparo vigente que se tenía y esto representa una clara violación a sus derechos.
Insistió que solo las personas encontradas culpables de un delito y sentenciadas, pierden sus derechos ciudadanos y no es el caso de Medina Flores.
Aunado a ello, dijo que el IETAM se está basando a un código penal anterior y omitiendo la presunción de inocencia que, no aplicó para emitir el acuerdo cada uno de los Consejeros Electorales.
Ortega consideró que hay más de quince ex alcaldes que enfrentan observaciones en sus cuentas públicas y también deberían de ser detenidos, considerando los criterios judiciales que hicieron con Medina Flores y no con Xicoténcatl González Uresti quien también tiene observaciones en sus cuentas públicas y varias denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción y en la Auditoría Superior del Estado.
