Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Una parte importante de la investigación se centra en René Gavira Segreste, quien entre 2019 y 2020 fue director de Administración y Finanzas de Segalmex y el responsable de otorgar multimillonarios contratos irregulares por adjudicación directa.
Algunos de esos contratos son los que reveló ayer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por casi 800 millones de pesos a una red de seis compañías cuyos socios han participado en empresas fantasma y en desvíos en el ISSSTE y en la Sedatu.
Gavira Segreste salió de la dependencia federal en julio de 2020, en medio de señalamientos por corrupción y presuntos malos manejos.
Entre las anomalías descubiertas en su periodo está un faltante de casi mil 500 millones de pesos en inventarios de granos, pago de bienes que nunca fueron entregados, padrones duplicados, arrendamientos de equipos a costo inflado, adquisición de instrumentos financieros que han arrojado pérdidas, desvío de subsidios y pagos en exceso a favor de grandes productores.
A esto se suma el hallazgo reportado por MCCI en agosto de 2020, sobre la asignación directa de dos contratos por hasta 4 mil millones de pesos para procesar 800 mil litros de leche al día durante cinco años, a favor de una empresa que carecía de experiencia e infraestructura, pues se dedicaba a la construcción, y cambió de giro el 3 de diciembre de 2018, a los dos días de que tomó posesión el actual gobierno federal.
Aunque la investigación no está concluida, la UIF ha detectado que los ingresos del exdirector de Administración de Segalmex no concuerdan con sus declaraciones fiscales y patrimoniales.
En el rastreo de movimientos bancarios se detectaron transferencias por 3 millones de pesos realizadas por una empresa de energía entre 2019 y 2020, cuando se desempeñaba como funcionario.
La investigación de la UIF se extendió a las operaciones financieras y adquisición de inmuebles realizadas por familiares del exfuncionario.
Además, se indaga a algunas empresas a las que se les asignaron contratos en forma discrecional o que han recibido millonarias transacciones.
En el esquema realizado por la UIF aparece René Dávila de la Vega, empresario de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), con la que Segalmex estableció un fideicomiso que resguarda alrededor de 800 millones de pesos.
El rastreo de la UIF identificó operaciones financieras y la adquisición de 13 inmuebles que no concuerdan con los ingresos que declara, por lo que se presume evasión fiscal o lavado de dinero.
También se rastrean las operaciones de una contadora de San Luis Potosí que ha creado más de 25 empresas, las cuales que se presume fueron utilizadas para lavar dinero proveniente de Seguridad Alimentaria Mexicana.
