La opacidad de un ente público siempre será reprobable, pero lo será todavía más cuando el infractor de la transparencia es una dependencia pública cuya principal tarea es la de hacer respetar la ley.
Le hablo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que encabeza, José Jorge Ontiveros Molina.
En su artículo 67, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, impone a los sujetos obligados la responsabilidad de poner al alcance de los ciudadanos información básica sobre el uso del dinero público.
Dice textualmente el citado numeral que: “Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan…”
En total, son 38 rubros de información que deben estar al alcance ciudadano en la página de internet de la dependencia.
Extrañamente, si usted ingresa al portal de la SSP solo encontrará comunicados sobre operativos de la Policía Estatal o de algunas convocatorias de ingreso a la dependencia.
Sin embargo, la secretaría oculta rubros como el directorio de sus servidores públicos, cargos, remuneraciones que incluye sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, compensaciones y viáticos.
Tampoco existe información disponible con temas como adquisiciones y menos sobre el rubro de padrón de proveedores.
El tema es doblemente grave, porque la Secretaría de Seguridad Pública maneja un presupuesto que, en 2021 llega casi a los tres mil 100 millones de pesos, sin contar con los recursos provenientes de subsidios federales.
Peor aún resulta esa opacidad cuando hacia dentro de la dependencia siguen circulado historias sobre el sospechoso enriquecimiento que muestran una docena de funcionarios públicos, sobre todo de las áreas relacionadas con la adquisición de materiales.
Existen incluso funcionarios menores que, en menos de cuatro años se han convertido en propietarios de ranchos, casas y vehículos de lujo, y que llevan un tren de vida incongruente con sus percepciones salariales.
Desde este espacio, hemos advertido de lo anterior, pero extrañamente las instancias competentes para abrir una investigación, como la Auditoría Superior del Estado (ASE) han preferido no darse por enteradas.
En ese contexto, la opacidad se vuelve sospechosa porque impide que los ciudadanos conozcamos la identidad de quienes tienen bajo su responsabilidad el manejo del presupuesto multimillonario de la dependencia.
Al respecto, el pasado fin de semana le pregunté a un funcionario las razones para que la secretaría no publique la información a que está obligada por ley, y su respuesta fue que. “me dicen que se puede solicitar por vía ley de transparencia”.
Desde luego que la contestación es absurda, primero porque la violación a la norma es evidente, y segundo porque el proceso para solicitar información pública es tortuoso, y además no todos los ciudadanos tienen la posibilidad y capacidad para realizar el trámite.
Frente a todo lo anterior, la SSP podría convertirse en el principal objetivo de la legislatura que iniciará sus funciones el uno de octubre, y en la que Morena tendrá mayoría.
EL RESTO.
DE MAGISTRADO A MAGISTRADO. – Cuando todavía le faltaban dos años para concluir su periodo de seis años, el reynosense Noé Sáenz Solís, dejó, este lunes su cargo como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
A la par de su renuncia, la Diputación Permanente del Congreso del Estado recibió una propuesta del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, para que Sáenz sea magistrado de número del Poder Judicial del Estado.
Es evidente que hay prisa por llenar los huecos existentes en el Poder Judicial. Existen tres Salas sin tribunal y la idea es que queden cubiertas antes del 30 de septiembre.
ASI ANDAN LAS COSAS.
