Ciudad de México.- Los gobiernos de México y Estados Unidos patentaron un nuevo capítulo de cooperación binacional en seguridad. Lo suscribieron a un nivel de aliados e iguales, donde el sello del acuerdo –a diferencia de pasados– es el establecimiento de una corresponsabilidad compartida donde las prioridades de cada país en la materia se ubican en el mismo grado de importancia.
El nuevo pacto se sustenta en tres pilares: actuación conjunta para proteger a sus ciudadanos, prevenir la delincuencia transfronteriza y perseguir las redes delictivas. Se regirá con tres compromisos transversales: proteger los derechos humanos y promover la prosperidad, el intercambio de información y centrarse en datos y resultados.
Los alcances no se medirán a partir de la captura de grandes capos de organizaciones criminales, sino con la atención a las raíces que generan la inseguridad y el aumento de la violencia, así como las causas del consumo de drogas que afectan a sus ciudadanos.
Marco integral
Ayer, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la Ciudad de México, representantes de alto nivel de las dos administraciones firmaron el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, que establece un marco integral y de largo plazo que guiará en los siguientes años las acciones binacionales en la materia y que se encuadra en el respeto a las soberanías y una relación de paridad.
La estrategia se basa en la asociación, guiada por la responsabilidad compartida e impulsada por intereses de seguridad nacional en ambos países, para evitar que los grupos criminales trafiquen con drogas y armas ilícitas que amenazan la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos y participan en el tráfico y la trata de personas, asienta el acuerdo.
Incorpora las prioridades de cada país sobre seguridad, con énfasis en la atención de la violencia a través de una respuesta impulsada por la justicia y el uso de la inteligencia contra el crimen organizado, basada en una cooperación efectiva en la aplicación de la ley.
Esto es el resultado de nueve meses de intensos trabajos de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden y que ayer se dieron a conocer en una declaración conjunta en el contexto del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard y por el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken.
Los trabajos se desarrollaron en la cancillería mexicana, aunque previamente los emisarios de la Casa Blanca fueron recibidos por el presidente López Obrador en Palacio Nacional.
Al finalizar las actividades, los secretarios Ebrard y Blinken ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron los detalles del Entendimiento Bicentenario. Explicaron que el nombre se debe a que en 2022 se cumplirán dos siglos de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Ambos resaltaron además el espíritu de colaboración y afinidad ideológica que hay entre los mandatarios López Obrador y Biden.
El mexicano destacó que la contraparte mostró su interés por construir una relación de aliados e iguales, donde las prioridades de México tengan el mismo nivel que las de Estados Unidos. Eso no lo habíamos tenido. Es más igualitario (el pacto) y más equilibrada la relación.
Con esta nueva estrategia de cooperación, el canciller dio por sepultada la Iniciativa Mérida, vigente por 13 años y que fue firmada en octubre de 2007 por los gobiernos del panista Felipe Calderón y del republicano George W. Bush.
Blinken aseveró que éste es el inicio de una cooperación entre socios iguales. Tenemos una responsabilidad compartida, como vecinos y socios, de mejorar la seguridad de la gente de nuestras naciones. A eso se reduce todo. Y marca el comienzo de un nuevo capítulo en la cooperación de seguridad México-Estados Unidos, uno que nos verá trabajando en la definición y el abordaje de prioridades compartidas, uno que busca abordar las causas fundamentales de los desafíos de seguridad que enfrentamos, incluida la inequidad, la corrupción, la impunidad; y uno que lo haga no sólo modernizando la aplicación de la ley, sino también fortaleciendo la salud pública, el estado de derecho y las oportunidades económicas de base más amplia.
Reconoció que en el pasado ambos gobiernos se apoyaban demasiado en las fuerzas armadas y de seguridad, y muy poco en otras herramientas disponibles, como inversiones crecientes en las comunidades, en particular en las regiones más vulnerables, lo cual se intenta cambiar a partir de este acuerdo.
