Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Morena inició el proceso para combatir desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las principales reformas Constitucionales que aprobó la anterior Legislatura en favor del blindaje para el Fiscal General, la asignación de seguridad personal a ex funcionarios públicos, el manejo presupuestal para el pago de obras anticipadas y contra la Ley orgánica de los Centros de Conciliación Laboral del Estado.
Busca echar abajo reformas a rango constitucional como la seguridad personal y la permanencia del Fiscal General
Los diputados Marco Gallegos, Humberto Prieto, Eliphaleth Gómez Lozano y José Alberto Granados Fávila, confirmaron que los recursos fueron presentados ante la Corte para su admisión, y confiaron que los Ministros, analicen sobre las facultades que tiene el Poder Legislativo con reformas constitucionales aprobadas en los últimos días de la 64 Legislatura.
Gallegos, explicó que uno de los recursos interpuestos, fue contra la protección al Fiscal General de Justicia para no ser removido, y de ser así, se requiere de las dos terceras partes de la legislatura cuando a nivel federal se necesita solo la mitad de los diputados presentes para destituirlo.
Actualmente está eliminado el candado para que el Fiscal General, pueda ser reelecto por un periodo de 7 años y actualmente va corriendo un primer periodo.
Hasta hoy, no se precisa en el artículo 125 de la Constitución del Estado, cuántas veces se podrá reelegir el Fiscal General Irving Barrios.
El Fiscal fue designado por primera vez en diciembre del 2018 para un periodo de 7 años, pero se desempeñó desde Octubre del 2016 como Procurador General de Justicia, cuando inició la actual administración.
De tal suerte que Irving Barrios terminaría en el 2025 ( su primer periodo) y tendría derecho a reelegirse por un periodo de siete años más, lo que le permitirá estar en el cargo de Fiscal General 14 años en Tamaulipas (más dos años como Procurador de Justicia entre 2016-2018) y hasta el año 2032 terminaría.
Humberto Prieto Herrera, dijo que también se está buscando dar marcha atrás, a la reforma Constitucional que permite al Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, al Fiscal General de Justicia, tener seguridad para ellos y sus familias, por un periodo igual en el que estuvieron en el cargo con la posibilidad de prorrogar. La seguridad es asignada por el Estado.
El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la Corte, busca eliminar el rango constitucional con que se elevó esta disposición para la seguridad a los ex funcionarios del Gobierno.
Hoy está adicionado, un párrafo en el artículo 19 bis que señala: “Asimismo, con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”.
También se busca frenar que, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, el ejecutivo pueda contratar obras anticipada, es decir, hacer contratos plurianuales fijando anticipadamente, las obras, los recursos públicos y el periodo en que se harán las obras públicas o la contratación de servicios a futuro.
Para Eliphaleth Gómez Lozano, esta reforma Constitucional que hizo la 64 Legislatura, ‘amarró’ de las manos a los diputados de Morena, antes de conocer la propuesta del ejecutivo para el gasto del 2022.
En tanto el diputado José Alberto Granados Fávila, anunció que se procederá contra la Ley orgánica de los Centros de Conciliación Laboral del Estado, por hacer privada y no públicas las audiencias.
Los diputados de Morena, confiaron en que los Ministros de la Corte, puedan admitir sus recursos de inconstitucionalidad para contrarrestar sus reformas a rango constitucional que aprobó la 64 Legislatura.
