Está por cumplirse el primer mes de ejercicio de la 65 legislatura del Congreso del Estado, y no se ven por ningún lado las iniciativas castigadoras que tanto prometió Morena, para revertir las reformas constitucionales aprobadas por los diputados que los antecedieron.
En voz de su coordinador, Armando Zertuche Zuani, quien también preside la Junta de Coordinación Política, los legisladores morenistas se cansaron de advertir que, tan pronto y tomarán posesión de sus curules comenzarían a desbaratar todo el entramado constitucional y legal, con el que el gobierno del estado y la 64 legislatura les amarraron las manos para limitarlos en su accionar como diputados.
Así, por ejemplo, prometieron que echarán reversa a la llamada “Ley Guarura”, que garantiza seguridad personal vitalicia, cuando dejen el cargo, al gobernador, al fiscal general de Justicia y a los secretarios generales de Gobierno y de seguridad pública.
Han dicho que también le quitarán el blindaje y el derecho a la reelección que le dieron al fiscal Irving Barrios Mojica, e igual buscarán revertir los nombramientos de algunos magistrados del Poder Judicial del Estado.
Adicionalmente han advertido y prometido que revivirán el tema del desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Sin embargo, nada de eso se ha visto hasta el momento.
La realidad es que, como hemos insistido aquí, ninguna de esas reformas puede ser revertida, porque para hacerlo necesitan el respaldo de al menos 22 de los 43 alcaldes, y Morena no los tiene.
No está por demás recordar que, la reina de las reformas constitucionales aprobadas por la 64 legislatura fue precisamente la que incorporó a los ayuntamientos al proceso de reforma a la Carta Magna. De esa manera, le pusieron al procedimiento legislativo un candado imposible de violar.
Peor aún: han insistido en que la 65 legislatura dejará de repetir vicios del pasado, como ese de aprobar iniciativas vía “fast track”, es decir con dispensa de turno a Comisiones, pero en la plenaria de este miércoles, aprobaron de esa forma tres iniciativas, dos de ellas de Morena.
Tal vez en dos de esas iniciativas no haya tanto problema, porque finalmente nadie les hará caso al tratarse de exhortos, pero no es el caso de la otra porque se trató de una reforma a la ley de hacienda y ley orgánica de la fiscalía general de Justicia del Estado, para revertir las modificaciones que la anterior legislatura les hizo a ambos ordenamientos.
Para decirlo claro, por sus pantalones y porque las pueden, los diputados decidieron que había que acortar el procedimiento legislativo, para impedir que la fiscalía de justicia siga aplicando cobros por servicios como la emisión de dictámenes periciales, copias certificadas y otros de alta demanda social.
La pregunta es: ¿no han dicho que así no se vale? Que nada de dispensa de turno a comisiones. Lo conducente hubiera sido enviar la iniciativa a comisiones, para su análisis y dictamen, y luego regresarla al Pleno para su aprobación.
Por eso le digo que, lo único que hemos visto diferente hasta el momento en la primera legislatura bajo el dominio de un partido opositor, son gritos más estridentes en las curules y en la tribuna, y simples promesas de que las cosas van a cambiar.
El problema para Morena es que el tiempo avanza rápido y ya consumió un mes de los 12 que permanecerá al frente de la Junta de Coordinación Política.
Cuestión de recordar que, en el segundo año de la legislatura le tocará al PAN asumir el mando del Poder Legislativo.
Pero bueno, seguiremos esperando que Morena se saque un as de la manga y dé la sorpresa.
EL RESTO.
EXIGEN ALIANZA. – En Río Bravo, representantes de sectores priistas como la CNOP y CTM, se sumaron a la exigencia de que el PRI haga alianza con el PAN y PRD para competir por la gubernatura en el 2022.
Son las mismas manifestaciones que se han venido escuchando en municipios del sur y centro del estado.
Está claro: si la alianza no se concreta en lo legal, la habrá de facto.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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