Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia aclaró que las reformas hechas a la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas que autorizaban el cobro de dictámenes judiciales “han sido objeto de inadecuadas interpretaciones” a pesar de que estas, ya fueron derogadas por el Congreso de Tamaulipas.
“Los derechos previstos en el artículo 59 fracción XI de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, no afectan de manera alguna el patrimonio de las víctimas del delito, contrario a lo señalado por diversos actores de la sociedad”, remacha la Fiscalía,
A través de un comunicado, la Fiscalía precisa que la reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, tuvo su origen en la detección del uso frecuente con propósitos personales o legales de los servicios institucionales antes citados, en procedimientos distintos a la investigación de los delitos, “causando una afectación al patrimonio institucional”.
Con esta reforma que había entrado en vigor el pasado 21 de septiembre, a los Artículos 59, 60 y 61 fracción V, permitía el cobro de servicios de la FGJE, la expedición de copias simples, certificadas o autenticadas de averiguaciones previas, carpetas de investigación, expedientes de procedimientos administrativos, emisión de dictámenes periciales, prueba de paternidad y prueba para determinar perfiles genéticos, pero no aplicaría para los ciudadanos que buscaban accesar a la justicia.
“La aplicación de los referidos cobros de derechos siempre fue entendida así por esta Fiscalía General, única y exclusivamente cuando se solicite un servicio para utilizarse en asuntos diversos o ajenos a la integración de una averiguación previa, carpeta de investigación o proceso penal, evitando las prácticas añejas que afectan los intereses del Servicio Público”.
Hacen una advertencia de no pasar por alto que, la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas es muy clara al señalar el principio de gratuidad a las víctimas del delito en su artículo 61 fracción V, en armonía con las leyes antes señaladas.
La misma Fiscalía, culpa a los “actores de la sociedad” que interpretaron dichos artículos y no se refiere a la Asociación de Abogados de Tamaulipas quienes denunciaron estos cobros que, no estaban precisados y solo entendido por la Fiscalía.
Cabe señalar que después de la denuncia pública que hicieron los abogados la Fiscalía General de Justicia no emitió ninguna información para aclarar y mucho menos permitió el acceso a la información a los medios de comunicación.
