No le fue nada bien al Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, en su comparecencia ante los diputados locales, este jueves.
Desde su llegada al palacio legislativo recibió un trato diferente al que estaba acostumbrado con las legislaturas dominadas por el PAN. Esta vez no pudo usar la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ni la protección de los guardias de seguridad para evadir a los periodistas.
Es entendible. Ahora la Jucopo la preside Morena, el partido opositor más fuerte en el estado. De hecho, por eso estaba ahí: porque los morenistas exigieron su comparecencia para que informara a detalle de su trabajo.
Recibió rudeza desde que se dirigió a la sala de comisiones donde lo esperaba la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Los reporteros lo vapulearon con sus cuestionamientos.
¿No tiene miedo que lo metan a la cárcel? ¿Va a renunciar?, fueron algunas de las interrogantes que recibió. Evadió las preguntas.
Ya sentado ante los diputados, Espino Ascanio no pudo ocultar su nerviosismo. Se le notaba en su hablar, y en su lenguaje corporal, a pesar de que usó el cubreboca para disimular.
De inicio, se le obligó a rendir protesta de decir verdad, de que la información y documentación que aportaría sería verídica, y hasta recibió la advertencia de que, en caso de mentir se le aplicarían sanciones administrativas y penales.
De hecho, es el primer servidor público que estrena esa obligación del juramento de no mentir, insertada en la ley interna del Congreso del Estado a propuesta de Morena.
Tras las presentaciones de rigor, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Jesús Suárez Mata, le dio 20 minutos para rendir su informe de trabajo. Apenas pudo leer una tercera parte. El tiempo no le alcanzó y le quitaron la palabra.
A partir de ahí le llovieron cuestionamientos y críticas de casi todos los legisladores.
Los únicos que trataron de cobijarlo fueron los panistas, aunque no lo consiguieron.
Los morenistas fueron los más enérgicos y hasta agresivos, particularmente Casandra de los Santos, Juan Vital Román y Ursula Patricia Salazar, la sobrina de Andrés Manuel López Obrador.
De los Santos llegó a pedirle la renuncia por su incapacidad para encontrar irregularidades financieras en las administraciones municipales panistas, encabezadas por Xicoténcatl González Uresti, en Victoria, y Carlos Rafael Ulibarri, en Río Bravo.
Espino Ascanio aguantó los embates. No perdió la cordura y envolvió a sus críticos en argumentaciones técnicas y jurídicas, para explicarles porque fueron aprobadas las cuentas públicas de los dos exalcaldes.
Durante casi dos horas respondió a las preguntas de los legisladores. Para todos los cuestionamientos tuvo una explicación. Al final quedó la sensación de que nadie quedó satisfecho. Ni los diputados con lo que les dijo el Auditor, ni este con el trato de rudeza que recibió.
A su salida de la sala de Comisiones, Espino Ascanio todavía tuvo que aguantar la andanada de cuestionamientos de los periodistas. Por momentos pareció que se descontrolaba, sobre todo cuando le preguntaron sobre si no le representó un conflicto de interés el hecho de que su pareja sentimental hubiera sido proveedor del ayuntamiento de Victoria, en el gobierno de González Uresti.
Negó el hecho, igual que negó que haya tenido familiares trabajando en la ASE.
“Si tienen pruebas muéstrenlas”, retó.
Quedó claro que se acabaron los “días de campo” que representaban las comparecencias de funcionarios públicos al Congreso del Estado. Quienes sean llamados van a sudar la gota gorda. Eso es bueno, porque habrá posibilidades de que las comparecencias sean realmente ejercicios de rendición de cuentas y no simples shows mediáticos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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