Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Coparmex hizo un llamado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que “suspenda las acciones indiscriminadas” cuando se solicitan permisos para que los tractocamiones pudieran ingresar a las terminales de almacenamiento y la distribución de combustibles del país, los cuales no son regulados por esta comisión.
Al llamado se sumó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos (AMDE); la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR); el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Adicionalmente, en un creciente número de casos, las terminales han sido clausuradas o sus operaciones han sido limitadas administrativamente por la CRE y otras autoridades.
Estas acciones han causado incertidumbre entre los transportistas, personal de las terminales de almacenamiento y los distribuidores de combustibles, puesto que no existe un apartado para obtener los permisos para los tractocamiones expedidos por esta Comisión. Asimismo, el criterio aplicado por los inspectores en las terminales es violatorio de la Ley de Hidrocarburos y del Reglamento del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.
“Estamos convencidos de la necesidad de fomentar la formalidad en el transporte y suministro de combustibles en el país; sin embargo, esperamos también que las acciones realizadas por la autoridad sean consistentes con las regulaciones”, coinciden los organismos.
Cabe señalar que el 40% de los petrolíferos que se consumen diariamente en el país se transportan por tractocamión, y el 90% de la turbosina que demandan los aeropuertos se mueve a través del autotransporte de carga.
La AMDE, CANACAR, el CCE y COPARMEX participaron en una mesa de diálogo con la CRE, sin embargo, la dependencia no ha informado de una resolución.
En detrimento, se ha observado que la aplicación de inspecciones en terminales y la retención de equipos de transporte ha continuado en varios recintos energéticos del país.
En un entorno como el actual es básico contar con reglas claras, para que las empresas puedan realizar inversiones, crear empleos, facilitar procesos de encadenamientos productivos y expandir sus operaciones, a través de la constante innovación de productos y servicios en beneficio de la población mexicana.
