El gobierno federal emitió recientemente un decreto para regularizar millones de vehículos “chocolate” que circulan en el territorio nacional.
No es la primera vez que se autoriza un decreto de esas características.
Sin embargo, igual que las ocasiones anteriores, esta vez, se utilizan dos argumentos para justificar la legalización de lo ilegal.
Uno de ellos es que, se busca ayudar a familias que no tienen las posibilidades de comprarse un vehículo de fabricación nacional; y el otro es que, se trata de una medida que busca tener un control, por razones de seguridad pública, de los miles de unidades de esas características.
Son verdades a medias. Muchos de los vehículos “chocolate” que circulan por las calles, tienen un valor superior al de uno mexicano. Lo que sucede es que hay quienes prefieren un vehículo de lujo, aunque ingresado ilegalmente, que uno modesto pero mexicano.
En relación con el segundo razonamiento, también está muy endeble, porque no hay garantía de que todos los vehículos “chocolate” que circulan en el territorio nacional vayan a ser regularizados. Seguramente habrá muchas personas que preferirán seguir en las condiciones actuales, ya sea porque no tienen a su alcance los medios económicos para nacionalizar su unidad, o sencillamente porque no les da la gana hacerlo.
De esa manera, será imposible que se pueda tener un registro nacional de esas unidades.
Por otra parte, el hecho de que el gobierno emita un decreto de regularización no impedirá que sigan entrando unidades de contrabando. Lo hemos visto en las ocasiones anteriores, cuándo en cuestión de meses, luego de concluir la vigencia del decreto, las ciudades volvieron a inundarse de vehículos de esas características.
Es entendible que eso ocurra, porque el gobierno no se ha preocupado por diseñar una estrategia paralela al decreto de regularización, para contener el contrabando de “chocolates”.
Bajo ese escenario, resulta evidentemente que el decreto de regularización es en realidad una maniobra más del gobierno federal para buscar rentabilidad electoral.
Cuestión de recordar que, durante el presente año habrá elecciones para gobernador en seis entidades del país, entre ellas Tamaulipas, y el gobierno morenista quiere congraciarse con los electores.
Ese es y ha sido uno de los grandes problemas de México: que sus gobiernos privilegian intereses partidistas o de grupos, y se olvidan de los intereses de la sociedad.
Si en verdad quisieran resolver la grave problemática de los autos “chocolate”, atacarían el fondo del asunto, que es precisamente el contrabando. Pero no lo van a hacer. Se lo firmo.
EL RESTO.
CASO CERRADO. – El veto del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, a las modificaciones que Morena le había hecho al presupuesto de egresos 2022, ya es caso cerrado.
Lo anterior, luego de que, en la edición de este 26 de enero, del Periódico Oficial del Estado, fue publicado el documento que contiene la distribución del gasto público estatal para el presente año.
El presupuesto se ejercerá tal y como lo propuso, el tres de diciembre pasado, Cabeza de Vaca.
Con ello, se consuma la primera derrota para la bancada morenista en la 65 legislatura local.
Falta por saber la posición que asumirá el gobernador con los otros seis decretos vetados.
Se prevé, sin embargo, como ya la hemos adelantado aquí, que algunos de ellos sean llevados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine si el procedimiento legislativo con que se desahogaron fue el correcto.
Concretamente podrían ir a la cancha del máximo tribunal constitucional los vetos relacionados con el Fondo de Capitalidad; la eliminación del cobro por placas; y el aumento de participaciones federales a los municipios.
ASI ANDAN LAS COSAS.
