El reciente asesinato de la reportera, Lourdes Maldonado, en Tijuana, ha colocado nuevamente en el debate nacional el grave estado de riesgo en que se ejerce el periodismo en México.
Lamentablemente, esta situación de alerta y preocupación social por la violencia contra los periodistas, no ha servido de nada.
Ninguna consecuencia ha tenido la ola de reclamos y acusaciones que desata el crimen de un periodista.
Ahora mismo hay una especie de indignación nacional por la muerte de Maldonado, y las críticas contra los gobiernos son durísimas.
Sin embargo, con el transcurrir de los días, y el surgimiento de otro hecho noticioso que acapare el interés ciudadano, el caso quedará en el olvido y el enojo social se apaciguará. Al menos así será hasta que otro comunicador caiga abatido.
Es evidente la insensibilidad de las autoridades frente a un problema que cada vez ha escalado a niveles más preocupantes. No se percibe el mínimo interés para mejorar las condiciones de seguridad y protección para quienes ejercen esa tarea.
De acuerdo con datos de la organización no gubernamental, “México Unido contra la Delincuencia”, el 86 por ciento de los asesinatos de periodistas ocurridos entre 2006 y 2021, en México, han quedado impunes.
Ese ha sido precisamente el factor principal que ha agravado la violencia contra los periodistas: la impunidad.
La ausencia de castigo lo único que provoca es que haya otros que se atrevan a repetir ese crimen. Por eso en México los ataques contra periodistas se han incrementado de forma preocupante.
Tan solo durante el primer semestre de 2021 se registraron 362 agresiones contra comunicadores. No todos fueron homicidios, pero los ataques ahí estuvieron.
De estas agresiones, 134 son atribuibles a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civiles y fuerzas armadas, y 56 a partidos políticos.
Debido a ello, México está convertido en el país más peligroso para los periodistas.
Peor aún está la situación cuando desde los mismos gobiernos se fustiga el trabajo de los comunicadores. La descalificación y el demerito que se hace a la labor periodística agrava todavía más el entorno peligroso para esa actividad.
“El Estado mexicano no solo no ha protegido a las y los periodistas de la violencia, sino que con frecuencia ha sido el victimario” acusa la ONG.
Y añadió: “Es lamentable que el gobierno continúe apostándole al punitivismo y la militarización. Exigimos que el gobierno investigue y esclarezca estos casos, y adopte políticas para crear un ambiente en el que las y los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo de manera segura”.
A nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en uno de los principales fustigadores de la prensa. Sobre todo, de aquella prensa que lo critica y lo cuestiona.
Casi a diario López Obrador descalifica a los periodistas y azuza a la sociedad contra ellos.
Pero lo mismo ocurre en lo local. También en Tamaulipas, desde el gobierno estatal existe un desprecio y animadversión hacia los periodistas. Es cierto que los asesinatos de comunicadores no son tan frecuentes como en otras entidades del país, pero no por ello el ejercicio de la actividad es menos peligroso.
Los últimos cinco años han sido los peores en varias décadas para el periodismo tamaulipeco.
ASI ANDAN LAS COSAS.
