Ciudad de México.- Con 11 de 19 foros del parlamento abierto de la reforma eléctrica concluidos, dicho ejercicio llegó a la mitad del camino entre acusaciones de conflictos de intereses entre los defensores de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la oposición.
Hasta ahora, han participado 56 ponentes a favor y en contra de la iniciativa presidencial.
Tras un análisis de los perfiles, EL UNIVERSAL constató que 20 de los 28 ponentes que han defendido el proyecto, es decir, 71%, son empleados del gobierno federal, lo que ha provocado denuncias de las bancadas del PRI, PAN Y PRD.
En tanto que 22 de los 28 ponentes que se han manifestado en contra de la propuesta, es decir, 78%, han sido empresarios, asesores de empresas privadas y “consejeros independientes”.
En la convocatoria para los parlamentos, aprobada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el pasado 5 de enero, se estableció que los participantes serían organizaciones académicas, entidades públicas, la sociedad civil, científicos, ambientalistas “y todos los interesados”; sin embargo, únicamente 14 de los 56 participantes representan a esos sectores.
De los 28 ponentes que se han posicionado a favor de la reforma eléctrica que impulsa Morena, 20 son empleados del gobierno, entre ellos el director de la CFE, Manuel Bartlett, pero también Héctor Cuapio, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm); Gabriela Reyes, directora de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, de la Secretaría de Energía; Adrián Olvera, director general de CFE Generación V; Ricardo Mota Palomino, director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); Mario Morales, director general de CFE Intermediación, así como Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, entre otros.
“La convocatoria permitió a los grupos parlamentarios proponer a sus ponentes, pero el bloque oficialista no encontró propuestas de académicos que defendieran su bodrio, no encontró propuestas de ambientalistas, no encontró propuestas de científicos, no encontró a representantes de la sociedad civil, solamente encontró su nómina, los que cobran por defender una posición. Ellos estaban en el derecho de proponer otros perfiles, pero no los encontraron y sólo han llevado a burócratas del gobierno”, denunció el diputado panista Jorge Triana, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
De la misma comisión, Cynthia López (PRI) consideró que el que vayan empleados del gobierno no manda una buena señal en materia de imparcialidad.
“Son empleados de gobierno pagados para hablar a favor de la reforma porque tienen un sueldo del gobierno, lo cual me parece terrible; obviamente, si uno de ellos habla mal, se queda sin chamba. No dudo que hasta haya empleados amedrentados a hablar a favor de la reforma o quedarse sin quincena”, expresó.
En tanto, el perredista Mauricio Prieto, integrante de la Comisión de Energía, exigió que en la segunda mitad del parlamento los foros sean más técnicos que políticos: “Estos foros deberían ser más técnicos, pero se han convertido en foros políticos”.
Entre las voces que han hablado contra la reforma destacan José Abugaber, presidente de la Concamin; el propio Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Ramsés Pech, quien fue presentado como “asesor de la industria eléctrica”; Paul Sánchez, quien formó parte del comité redactor de la reforma energética de 2013; Carlos Hernández González, vicepresidente de Empresarios Jóvenes de Coparmex, así como Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, entre otros.
Manuel Rodríguez, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Energía, descartó que los ponentes que ha llevado su bancada tengan conflictos de intereses y sostuvo que, por el contrario, la oposición sí está llevando a empleados de la industria privada más que a académicos en materia energética.
“Es muy claro que lo que ellos están enviando es efectivamente gente que trabaja para esas empresas o que son socios de esas empresas, y si hablamos de un presunto conflicto de interés por parte de Morena de que los que hablan a favor son funcionarios, que no lo han sido todos, pues en el caso de ellos está más que demostrado que son bufetes de consultoría que contratan a esas empresas de generación eléctrica privadas o ejecutivos de esas empresas”, reviró el legislador.
Advirtió que, a diferencia de 2013, “la iniciativa presidencial no se aprobará en fast track y será producto de un amplio ejercicio de debate que está teniendo la máxima publicidad”.
Según el calendario, los foros de la reforma eléctrica concluyen el próximo 15 de febrero, aunque, ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, informó que se acordó incrementar el número de foros para que más representantes de las empresas participen, lo que podría prolongar el ejercicio hasta el 24 de febrero.
