Ciudad de México.- El grupo parlamentario del PRI impulsa su propia reforma eléctrica, a través de la cual busca que la energía eléctrica sea considerada como derecho humano de las y los mexicanos.
La propuesta del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, mantiene prácticamente la iniciativa presidencial en sus términos, al establecer que la rectoría del sistema eléctrico queda a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la explotación del litio como facultad exclusiva del Estado.
“El sistema eléctrico mexicano se encuentra en un momento crucial. Los pendientes de la última reforma en la materia realizada en 2013, han generado desafíos para su estabilidad, al tiempo que la coyuntura social y política demanda cambios importantes en su integración”, señala la propuesta en su exposición de motivos.
El proyecto de reforma constitucional establece que “el Estado garantizará la energía eléctrica como un derecho humano de las y los mexicanos y promoverá el abasto de la misma bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad”.
En el artículo 27 de la carta magna, se agrega que tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la Nación, no se otorgarán concesiones.
“Corresponde a la nación el control del sistema eléctrico nacional consistente en generar, producir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica para garantizar el derecho humano a la electricidad”, sostiene el texto que ya fue publicado en la gaceta parlamentaria.
También ordena al Estado liderar los procesos de transición energética y utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía que dispone la nación.
“El Estado podrá otorgar concesiones o contratos con particulares siempre que se trátate de energías limpias, sostenibles que atientan al derecho de un medio ambiente sano y permitan garantizar el derecho humano a la energía”, señala la iniciativa.
También propone modificar el artículo 28 para establecer que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y demás minerales estratégicos; y generación de energía nuclear; el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
En la iniciativa se advierte que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, “será responsable del Sistema Eléctrico Nacional, y liderará la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad”.
También se agrega que el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica “será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”.
