Barrett Firearms Manufacturing, Inc. y Colt’s Manufacturing Company —dos de las 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos demandadas por el gobierno mexicano, a las cuales acusa de prácticas “negligentes” que facilitan su contrabando a nuestro país— buscan nuevamente venderle a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) docenas de fusiles, ametralladoras y escopetas de apoyo aéreo y terrestre de alto poder.
En la licitación LA-007000-999-E192-2022, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que el Ejército busca adquirir, en seis partidas diferentes, 63 armas de alto poder: 33 fusiles automáticos calibre 5.56 mm, nueve escopetas semiautomáticas calibre 12 GA, nueve fusiles de precisión o largo alcance calibre 0.50 y seis fusiles de precisión calibre 0.308. Además, se busca comprar tres ametralladoras calibre 0.50 de apoyo terrestre y otras tres ametralladoras del mismo calibre para apoyo aéreo.
El pasado 9 de agosto de 2021, El Gran Diario de México informó que estas dos mismas empresas buscaban vender al Ejército Mexicano 66 ametralladoras y fusiles. Sin embargo, dos semanas después, tras el fallo, se dio a conocer que la Sedena había dejado fuera a las dos armerías estadounidenses y había decidido entregarle el contrato por 721 mil 515 dólares (15 millones de pesos) a la empresa Dillon Aero Inc.
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En su actual propuesta de venta, Colt’s Manufacturing Company ofrece 33 fusiles automáticos calibre 5.56 mm por un presupuesto de 76 mil 230 dólares, equivalentes a un millón 510 mil 131 pesos.
Mientras, Barrett Firearms Manufacturing, Inc. propone vender nueve fusiles de precisión calibre 0.50 y seis fusiles de precisión calibre 0.308 por 424 mil 899 dólares, es decir, 8 millones 417 mil 334 pesos.
Será el próximo 29 de abril, a las 11:00 horas, cuando la Sedena notifique el fallo de esta compra y se firmará el contrato con la empresa adjudicada dentro de los 15 días naturales siguientes de la divulgación del mismo.
Demanda
El gobierno mexicano presentó el 4 de agosto del año pasado —ante un tribunal de Massachusetts— una demanda contra 11 fabricantes de armas, a los que acusa de prácticas “negligentes” que facilitan su contrabando a México, sumido desde hace 15 años en una ola de violencia ligada al narcotráfico. La Cancillería estima que anualmente entran ilegalmente desde la Unión Americana más de medio millón de armas.
Los fabricantes de armamento reclaman el sobreseimiento de la causa, alegando que México carece de “jurisdicción personal” para sentarlas en el banquillo y que están protegidos en la Unión Americana por una legislación de inmunidad.
México afirma que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) “no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México”.
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Garantizar capacitación
En la licitación se detalla que las armas a comprar deben ser nuevas, de reciente fabricación, entregadas en su empaque o estuche original y deberán contar con una garantía de calidad de un año como mínimo.
Se indica que, de manera adicional, el licitante deberá proporcionar —dentro de los 30 días posteriores a la recepción del armamento— cursos de capacitación para cada tipo de artefacto adquirido, por lo menos de dos instructores.
“El licitante, en un plazo de 10 días hábiles anteriores a la impartición de la capacitación, deberá entregar a la Dirección General de Materiales de Guerra y a la Fuerza Especial de la Brigada de Fusileros Paracaidistas una propuesta del programa de capacitación de los temas a impartir para su aprobación”.
Confidencialidad
El documento indica que los licitantes participantes deberán manifestar en una carta de confidencialidad —bajo protesta de decir verdad, escrita en papel membretado y firmado por el representante legal— que la información que obtenga durante el proceso de adjudicación y/o contratación en su caso no será difundida en modo alguno.
Se advierte que cualquier caso de incumplimiento de esta restricción será causal de rescisión administrativa, inclusive una vez que concluyan las obligaciones contractuales.
