Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada del PAN Imelda Sanmiguel Sánchez, propuso reformar la ley de la Defensoría Pública para el Estado de Tamaulipas con dedicatoria a la familia del candidato de Morena Américo Villarreal Anaya.
En la reforma, se pretende brindar el servicio de defensoría pública cuando exista una asimetría de poder o influencia entre las partes de un litigio penal, civil, familiar y mercantil suscitado entre personas físicas.
Dentro de uno de los argumentos en la exposición de motivos, la legisladora y Presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, expuso que las relaciones y convivencias entre los hijos y padres así además familiares como abuelos van generando derechos y responsabilidades pero al mismo tiempo se generan conflictos.
Particularmente en materia familiar, cuando los conflictos se vuelven irreconciliables, la disputa jurídica sobre la custodia de los hijos suele ser motivo de disputas en la pareja, pero también en ocasiones lamentablemente da lugar a que se inmiscuyan indebidamente los padres de los padres, es decir los suegros; que de manera voluntaria o involuntaria confunden el amor de abuelos con el amor, deber y responsabilidad de los padres.
“Uno de los casos más representativos es el de un conocido doctor de Ciudad Victoria, ustedes ya saben quien; quien abusó de su privilegio sustrayendo a sus nietos de su madre, y con ello presionarla para llegar a un acuerdo, uno que no manchara la reputación de una familia política de abolengo, que esas que se sienten encarnadoras del pueblo, y merecedoras y herederas del poder”.
Dijo que esta sería una iniciativa “reivindicadora de la justicia cotidiana”.
Sin embargo, explica la legisladora, considerando que uno de los grandes problemas no lo es tanto por sí misma la pobreza sino también la desigualdad, como bien dice el Presidente de la República; resulta entonces necesario “modificar y ampliar las atribuciones del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas para que la población objetivo beneficiaria de sus servicios sean también; aquellas personas que como en el caso expuesto se enfrentan en las controversias del orden familiar, con contrapartes poderosas”.
Propuso entonces adicionar diversas disposiciones del artículo 7 de la Ley de la Defensoría Pública. “Consideramos que resulta, pertinente ampliar el supuesto a la asimetría que suponga una condición manifiesta de desventaja sustancial entre quienes intervienen en un litigio, conservando en manos del Instituto la facultad para realizar el estudio socioeconómico a las partes, que la justifiquen”.
