Aquí hemos insistido, hasta con terquedad, sobre la “bomba de tiempo” que representan los penales de Tamaulipas por las condiciones tan precarias bajo las que vienen operando.
Desde hace muchísimos años, la mayoría de las cárceles han estado bajo el dominio de la delincuencia, a través de lo que se conoce como autogobiernos.
Eso facilita el tráfico de todo tipo de drogas; la venta de privilegios, que pueden ir desde la simple posesión de un celular hasta el “derecho” a no hacer lo que entre la población carcelaria se le conoce como “talacha”; y el cobro de extorsiones, entre muchas más conductas ilícitas que se cometen impunemente dentro de las prisiones.
Bajo esas condiciones, los llamados Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas, —como casi todos los del país—son verdaderas escuelas del crimen, porque quienes ingresan por un delito menor terminan “graduándose” como delincuentes de alta peligrosidad, echando por la borda el fin último de la pena de prisión, que es lograr la reinserción social de quienes se vieron involucrados en un delito.
Todo ello ocurre ante la incapacidad de las autoridades. Una incapacidad que se origina, principalmente, por la falta de voluntad y decisión para meter orden en los reclusorios, que es precisamente lo que empodera a los grupos delincuenciales que ejercen los autogobiernos.
Los gobiernos han sido tímidos y temerosos frente al accionar de la delincuencia lo cual solo le está facilitando las cosas a quienes ejercen el control interno.
Insisto: el polvorín bajo el que están sentados los penales tamaulipecos no es nuevo. Ocurre desde , fácilmente, hace tres décadas, aunque durante los últimos años la situación se ha venido agravando. Por eso ocurren hechos como el de ayer en el Penal de Ciudad Victoria.
Queda claro, entonces, que la crisis penitenciaria ha venido escalando porque todas las administraciones estatales le han sacado la vuelta, ya sea porque no le han querido invertir suficientes recursos presupuestales, o bien porque sencillamente han considerado más cómodo voltear hacia otro lado.
Esperemos, entonces, que el actual gobierno marque diferencia y asuma su responsabilidad en el asunto. Es algo urgente para evitar que continúe la violencia carcelaria, pero también porque el sistema penitenciario es el último eslabón de la cadena del sistema de justicia. Solamente de esa forma el Estado podrá cumplir con su responsabilidad de reencauzar por el camino del bien a quienes incurrieron en una infracción a la ley penal.
Si no se hacen así las cosas, en cualquier momento la bomba de tiempo de las cárceles les va a tronar, con todas las implicaciones que ello genera. Una tragedia de grandes dimensiones podría estarse gestando en alguno de los reclusorios.
EL RESTO.
AL BANQUILLO.- El secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, ya tiene fecha y hora para comparecer ante el Congreso del Estado: lo hará el 20 de abril a las 13 horas.
El hecho es relevante porque la inseguridad pública es la principal preocupación de los tamaulipecos, sobre todo por la era de terror que vivimos durante casi una década.
En esa condición, el funcionario no la va a tener nada fácil ante los diputados, sobre todo los de oposición, y particularmente los del PAN, quienes han sido insistentes en denunciar que la violencia delincuencial está regresando a la entidad.
BUENO Y MALO.- Tiene razón el diputado del PRI, Edgardo Melhem Salinas, cuando dice que todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas.
Sin embargo, pareciera que la anterior administración estatal panista todo lo hizo mal.
Al menos eso se infiere de lo que han dicho los secretarios que han comparecido para la Glosa del primer informe del gobernador, Américo Villarreal Anaya, porque nada bueno han reconocido al anterior gobierno.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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