“Nosotros no somos autoritarios”, respondió el secretario general de Gobierno, Héctor Joel, “El Calabazo”, Villegas, cuando un reportero le preguntó por las versiones que lo acusan de haber influido para que su primo, Joel Eduardo Yáñez Villegas, haya sido designado alcalde de Río Bravo por el Congreso del Estado.
Los cuestionamientos de los periodistas ocurrieron, el pasado viernes, precisamente cuando el funcionario abandonaba el edificio sede del Poder Legislativo, a donde acudió a entregar el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, del gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya.
“Aquí no es para poner a nadie. Ese es un proceso ajeno al Poder Ejecutivo. Yo respeto las decisiones que tomen otros poderes. Ustedes se han dado cuenta de que nosotros no trabajamos con autoritarismo, en ningún momento” señaló.
Y sí, tiene razón: una característica notoria del gobierno de Villarreal Anaya es que, no ha recurrido al autoritarismo para deshacerse de todos los obstáculos que le dejó sembrados su antecesor, el panista, Francisco García Cabeza de Vaca.
En vez de ello, la administración americanista ha optado por utilizar el camino de la ley. Es más largo, pero más efectivo.
A eso se debe, por ejemplo, que sigan en sus cargos funcionarios identificados totalmente con el exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca. Son muchos los cabecistas aferrados a la nómina estatal, pero los más visibles son tres: el fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica; el fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda; y el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio.
Es innegable que, si el nuevo gobierno quisiera podría hacerles “manita de puerco” para destruirlos u obligarlos a renunciar, pero evidentemente Villarreal Anaya ha optado por la ruta legal, aunque sea más larga.
También a esa decisión de no recurrir al autoritarismo se debe que no se han logrado abrir diversos “candados” que, a través de sus diputados Cabeza de Vaca colocó en la constitución y las leyes, mediante reformas que siguen siendo un enorme obstáculo para el gobierno americanista.
Como quiera que sea, al final Barrios, Ramírez, Espino, y muchos más cabecistas tendrán que hacer maletas y dejar el gobierno.
E igual llegará el momento en que se podrán revertir muchas de las reformas constitucionales y legales panistas, porque evidentemente son insostenibles.
El gobernador Villarreal Anaya tenía dos opciones para deshacerse de los lastres cabecistas: una, actuar con autoritarismo y recurrir a todos los medios legales o extralegales; o dos, valerse de la ley para conseguir ese propósito.
El viernes, “El Calabazo” dejó claro que el mandatario optó por la segunda alternativa. No se trata de debilidad institucional, sino de respeto a la ley. Y eso es bueno.
Todo lo contrario hizo Cabeza de Vaca cuando asumió la gubernatura en octubre del 2016. No había cumplido ni dos meses en el cargo cuando llamó a su oficina al magistrado, Hernán de la Garza Tamez, para exigirle su renuncia como presidente del Poder Judicial.
De la Garza no se opuso. El 16 de enero del 2017 entregó un oficio al Congreso del Estado, informando de su separación “voluntaria” de la presidencia. A cambio, Cabeza de Vaca le habría ofrecido que, al concluir su periodo de ejercicio en el 2019, aprobaría su reelección para un segundo periodo de 6 años. Se cumplió. Ahí sigue.
El magistrado fue uno de varios funcionarios que fueron obligados a renunciar. La instrucción cabecista fue: por las buenas o por las malas. Con Villarreal Anaya, la orden es: por las buenas o por las buenas.
EL RESTO.
Les asiste la razón a los abogados defensores: el exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene, por el momento, a salvo sus derechos políticos para aspirar a una candidatura en la elección del 2024.
Todavía habrá que esperar el fallo de los magistrados del Tribunal Colegiado, que revisarán la resolución del Juez de Distrito que anuló la orden de aprehensión en su contra, pero por el momento el panista no tiene cuentas pendientes con la justicia, y en razón de ello puede ejercer con plenitud todos sus derechos, incluidos aquellos en materia electoral.
Seguramente la sentencia del Tribunal llegará mucho antes de que arranque el proceso electoral del año próximo, pero por el momento Cabeza de Vaca está limpio. Esa es la realidad jurídica.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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