Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Ejecutivo propuso a los legisladores, una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas, para crear dos secretarías, hacer modificaciones en dos más dependencias y se le otorgarán mayores facultades en materia de transparencia y combate a la corrupción a la Contraloría de Gobierno.
La iniciativa que envió el ejecutivo estatal contempla fusionar la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, eliminando la Secretaría de Pesca que se convierte en subsecretaría; además se crea la Secretaría de Desarrollo Energético y la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.
Dentro de la misma iniciativa, se incorpora el concepto de Previsión Social a la Secretaría del Trabajo, con el objeto de garantizar la inclusión de todos los sectores de la población, promover el incremento de la productividad del trabajo, así como, la cultura y recreación entre las y los trabajadores y sus familias.
Asimismo, se transfiere la adscripción del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de la Juventud de Tamaulipas, de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Trabajo con el propósito de atender a las y los jóvenes de nuestra entidad.
Por lo que hace a la Secretaría de Bienestar Social, se incorpora la atribución relativa a la conformación del registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado. A esta dependencia corresponderá identificar las regiones, municipios, localidades que requieran atención prioritaria para la implementación de programas y proyectos de economía social, en concordancia con otras secretarías y entidades de la administración pública.
Finalmente, destaca que la tarea de recuperar la función de control y vigilancia que da garantía de transparencia y rendición de cuentas, “establece el combate a la corrupción como un eje transversal de nuestro gobierno; es decir, se convierte en una política de aplicación general en todas las áreas y dependencias”.
Se añade que se trata de recuperar las tareas de los órganos internos de control y vigilancia que fueron minimizadas. Por lo que esta iniciativa, pone a consideración de los Diputados, el fortalecimiento de las atribuciones de la Contraloría Gubernamental, como un ente rector de la observancia de las normas que regulan el servicio público.
También se proponen nuevos mecanismos a cargo de la Secretaría de Administración con el objetivo de coordinar la eficiencia, eficacia, economía y honradez en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la administración pública centralizada.
La iniciativa redefine las competencias entre las dependencias del Ejecutivo, crea algunas otras, elimina duplicidades, omisiones y traslapes; además asigna competencias y responsabilidades en forma precisa a las diversas dependencias que integran la estructura orgánica que se propone incluyendo a la vez, reglas generales para la operación y funcionamiento del sector paraestatal.
Aseguran que con el rediseño de la estructura administrativa del poder Ejecutivo del Estado, se permitirá una gestión que beneficiará directamente la prestación efectiva, oportuna y justa de los servicios públicos, al tiempo de transitar hacia un esquema de gobierno que posibilite reordenar el ejercicio presupuestal y el destino de los recursos públicos, en un entorno de transparencia y rendición de cuentas, así como una evaluación permanente que atienda indicadores de estructura, de desempeño y de resultados.
