En la disputa por el Congreso del Estado nadie se salva. Es inconcebible que los encargados de elaborar las leyes sean los primeros que las violentan.
Porque ese ha sido el origen de fondo del pleito político por el mando del principal órgano de gobierno en el Poder Legislativo: que las leyes se interpretan a conveniencia.
Cuando a la bancada en el poder no le beneficia la norma, procede a reformarla para que se ajuste a sus necesidades, y eso obligadamente propicia anarquía. Y si, efectivamente nadie se salva porque lo mismo ha hecho el PAN que Morena.
De hecho, el desorden lo iniciaron los panistas cuando eran mayoría en la anterior legislatura. Tan pronto y perdieron la gubernatura en las urnas procedieron a reformar la Constitución y la ley del Congreso para ponerle trabas a sus sucesores, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo.
De ahí para acá, unos y otros han pisoteado el marco jurídico a su antojo.
El resultado es lo que hemos venido viendo durante los últimos meses, con un Congreso convertido en una especie de rehén por parte de las principales fuerzas políticas.
Lo peor es que, no se vislumbra ninguna posibilidad de que la cordura llegue a los involucrados, por lo que seguramente el conflicto seguirá escalando, de forma peligrosa.
Sobre todo, porque todavía le resta más de un año a la legislatura. Termina el 30 de septiembre del 2024.
PENOSA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. – La procuración de justicia en Tamaulipas está por los suelos. Suman por miles las carpetas de investigación rezagadas, lo cual tiene su origen en el enorme déficit de agentes del Ministerio Público y policías investigadores, pero también en la ineptitud de quienes están al frente de la fiscalía general de Justicia del Estado.
El maltrato al justiciable en las unidades generales de investigación sigue presente. Formalizar una denuncia es algo tortuoso. Por eso la mayor parte de los agraviados por la delincuencia prefiere no acudir ante la autoridad.
Aunque el discurso salido de la misma fiscalía presume una instancia de primera, la verdad es que da pena ajena.
Es, con mucho, la peor época en procuración de justicia. Sin duda.
Para empeorar las cosas, al michoacano, Irving Barrios Mojica, todavía le quedan más de dos años al frente de la Fiscalía. El periodo de siete años para el que fue electo termina en diciembre del 2025.
A la par de ello, Barrios dejó de recibir presiones para que dejara voluntariamente el cargo. El padrinazgo que consiguió desde la Ciudad de México tiene el peso suficiente para mantenerlo “blindado” políticamente.
QUE ALGUIEN PONGA ORDEN. – Si alguien dudaba de las versiones que denunciaban un pleitazo de todos contra todos entre los magistrados electorales locales, esas dudas quedaron despejadas el pasado jueves durante la sesión pública en que se resolvió el litigio por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Quedó claro que, la rivalidad del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Edgar Danés Rojas, con sus pares, y particularmente con René Osiris Sánchez y Edgar Iván Arroyo, va más allá del ámbito profesional. Ya es personal.
Obviamente que todo ello repercute en la calidad del trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral, porque a la hora de debatir las ponencias el criterio de cada uno de los magistrados termina influido por la animadversidad entre ellos.
Lamentable que así sean las cosas porque es muy probable que las resoluciones se estén tomando con el “hígado” y no con los fundamentos de la ley.
Más allá de culpabilidades o inocencias de los involucrados, el que sale más raspado es el magistrado presidente, porque evidentemente ha sido incapaz de conducir con decoro y eficiencia el actuar de la máxima instancia de justicia en materia electoral.
Que pena, la verdad.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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